Por Ángel Álvarez.

Cuernavaca, Mor.- El asesinato del regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, ocurrido el pasado 4 de noviembre en Acapantzingo, se suma a una larga lista de homicidios de activistas, defensores ambientales, dirigentes sociales y figuras comunitarias en Morelos. Tan solo en 2026 también fueron asesinados el director de Cultura de Yautepec, Héctor Meza Maldonado, y la activista y excandidata a la alcaldía de Temoac, Sandra Rosa Camacho Flores.

Camacho Flores fue atacada a balazos el 26 de marzo, meses después de denunciar públicamente que su vida estaba en peligro por señalar presuntas redes de extorsión y cobro de piso en la región oriente. En julio pasado, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que el alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, también asesinado, estaría presuntamente relacionado con los homicidios de Camacho Flores y del activista Samir Flores. Estas líneas deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes.

Ante el homicidio de Gabriel Rivas, José Martínez Cruz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, exigió una investigación exhaustiva y advirtió que varios asesinatos de personas defensoras y dirigentes sociales continúan sin esclarecerse, sin que se haya detenido a los autores materiales o intelectuales.

Entre los casos que señaló está el de Sandra Rosa Camacho, con quien la organización mantenía trabajo comunitario. Martínez Cruz recordó que la activista había advertido a las autoridades estatales sobre la violencia y las extorsiones en Temoac, pero no recibió la protección necesaria y su asesinato permanece impune. También mencionó el de Rodrigo Morales, activista ambiental y exayudante municipal de San Antón, asesinado cerca de su domicilio, sin que hasta ahora se haya detenido a alguna persona por el crimen.

La lista incluye a Samir Flores, campesino, locutor y opositor al Proyecto Integral Morelos, asesinado el 20 de febrero de 2019 frente a su casa en Amilcingo, Temoac. En 2026, el único acusado que llegó a juicio fue absuelto. El 23 de marzo de 2020, el abogado y ambientalista Isaac Medardo Herrera Avilés fue asesinado en la entrada de su vivienda en Jiutepec, donde defendía el predio Los Venados y el manantial Chihuahuita.

En enero de 2022, Ana Luisa Garduño Juárez fue asesinada en Temixco, después de casi una década de exigir justicia por el feminicidio de su hija, Ana Karen Huicochea. Un mes después, el 11 de febrero, Francisco Vázquez Domínguez, integrante del Consejo de Vigilancia de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla, fue asesinado mientras trabajaba en su parcela, en Ayala.

A estos crímenes se sumaron los de Silvia Hernández Meza y cuatro integrantes de su planilla, asesinados el 13 de enero de 2025 en Huitzilac. Hernández Meza contendía por el comisariado de bienes comunales y había denunciado la tala ilegal en las Lagunas de Zempoala. En septiembre de ese mismo año, Carolina Plascencia Carvajal, presidenta suplente de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla y aspirante a dirigirla, fue asesinada a balazos en la carretera Cuautla-El Hospital.

Martínez Cruz también recordó el asesinato de Gustavo Salgado Delgado. Aunque hay personas detenidas por ese caso, señaló que no se profundizó en las posibles responsabilidades intelectuales que, según denuncias, involucraban a personas vinculadas con el Ayuntamiento de Ayala. Sobre el homicidio de Samir Flores, indicó que las dudas planteadas por familiares y habitantes de Amilcingo tampoco fueron esclarecidas plenamente.

El defensor de derechos humanos sostuvo que alzar la voz y participar en causas sociales o ambientales sigue representando un riesgo. Por ello, pidió a las autoridades garantizar medidas de protección para quienes enfrentan amenazas, investigar todas las líneas de los homicidios y atender las causas de la violencia. Advirtió que la respuesta institucional no debe limitarse a proteger a personas conocidas, sino garantizar la seguridad de toda la población y evitar que estos crímenes permanezcan en la impunidad.