Por Andrés Lagunas

Viste formal, camisa blanca, casi como sus canas, intenta mantener la postura firme, pero al paso de las horas su semblante va cambiando. Traga saliva y niega con la cabeza cuando escucha las acciones que cometió contra su esposa… Es la imagen de un hombre de 69 años de edad, un ex alto funcionario del gobierno mexicano, que está ante la justicia  y cuando es cuestionado sobre sus ingresos mensuales, mastica una cifra que no sale de sus labios, para mejor decir abiertamente que es “desempleado”.

Víctor N. fue director de Pémex, y cuando discutía con su esposa la amenazaba con solo hacer una llamada y deportarla a Cuba, o incluso hacer que la despidieran de su empleo en la UNAM… Todo ese poder es cosa del pasado, a pesar de estar rodeado por tres abogados, sus defensores, en su audiencia inicial, en su primera cita con la justicia, lo único rimbombante que pudo pronunciar fue su nivel de estudios: doctorado, le respondió a la jueza Consuelo Correa, en la sala de juicios orales número dos, de la ciudad judicial de Atlacholoaya.

Es una fecha común, 8 de julio del año 2026, pero la audiencia inicial registrada con el número JC/1160/26, no es una audiencia común y corriente, es muy diferente a otras, a miles que aquí se han realizado. Es un hombre del poder, sentado frente a una jueza que luce ecuánime, conocedora del sistema de justicia oral adversarial, y por lo mismo, a la 1:30 pm, antes de iniciar la audiencia, le notifica al investigado todos sus derechos, entre ellos a que la Fiscalía le corra traslado del expediente, y también advierte que es extenso, y tendría Víctor el derecho de pedir la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica. Arrancó entonces puntual, se cubrieron las formalidades, el detenido pidió que su audiencia fuera privada, pero la Fiscalía y la asesora de la víctima se negaron y pidieron que fuera pública, pero que no se difundieran puntos sensibles del caso, lo cual ratificó fundada en la ley, la jueza Correa, para casi de inmediato decretar el receso para que los abogados recibieran las copias del expediente.

Fue a las 2:45 de la tarde cuando se reanudó la audiencia inicial. Los reporteros y el público ya estábamos apercibidos de no publicar nada sensible, por eso aquí ya no entraré en detalles del caso. El fiscal procedió a formular la imputación, narrando paso a paso los hechos de violencia familiar y vicaria contra el ex director de Pémex, en agravio de la víctima y un menor de edad. La mujer no acudió, se dijo, por temor.

Se transmitió  también el video viralizado en medios de comunicación y redes sociales, en el que el imputado agrede a su esposa, y se puso atención en el momento en que con un palo de escoba quiso destruir la videocámara, para concluir con el acercamiento a su rostro, para acreditar que es la misma persona, la del video, y la que estaba sentada frente a la justicia.

En todo momento el ex funcionario se llevó las manos al rostro, tocó sus canas, movió la cabeza, como negando, y de repente agachándose, como si sintiera arrepentimiento. Todo lo veía, todo lo anotaba la jueza, que todo el tiempo estuvo atenta a los hechos narrados.

Llegó el momento en que el Fiscal pidió las medidas cautelares, y solicitó la prisión preventiva justificada. La defensa la consideró excesiva, y planteó el arraigo domiciliario porque además el imputado es adulto mayor, y necesita recibir medicamentos. La jueza advirtió que para recibir trato de adulto mayor en este proceso la ley indica que debe tener 70 años cumplidos, además no entregó la defensa el documento que acreditara la necesidad de la atención médica, como marca el protocolo, y dio la razón al MP de que el acusado no tiene domicilio cierto en Morelos, y tampoco trabajo, porque él mismo se declaró desempleado, además su  defensa presentó un documento donde un perito dice que representa un peligro “leve” para la víctima, en conclusión, le dictó la prisión preventiva justificada, y le preguntó si deseaba que definiera de una vez su situación jurídica o pedía la ampliación del plazo de 72 horas. Víctor pidió la ampliación, y antes de terminar la audiencia solicitó que se ordene el suministro de sus medicamentos, porque tiene varios padecimientos…

La jueza emitió una orden al penal para que en 24 horas un médico valore su salud y determine los medicamentos que debe recibir. Si no cumple el director del sistema penitenciario, será multado…

Así concluyó la audiencia inicial de un hombre del sistema, del poder, ante la justicia. Se le garantizaron todos sus derechos humanos, pero se le colocaron las esposas, y los custodios lo trasladaron hacia el penal, para cumplir con la medida cautelar.