REDACCIÓN.

Cuernavaca, Mor.- Varios ex servidores públicos del gabinete del anterior gobernador de Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, han sido investigados y en su caso imputados y vinculados a proceso por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

Sin embargo, sólo la ex secretaría de obras Patricia “N” la prisión, y tras el regreso de Graco a la escena pública, este es el recuento de ex funcionarios cercanos al ex líder del ejecutivo estatal, que se encuentran sujetos a un proceso por el organismo autónomo.

Fue el lunes 28 de febrero, cuando la Fiscalía Anticorrupción dio cumplimiento a una orden de aprehensión girada por un Juez de Control, contra la citada funcionaria, luego de que la Segunda Sala del Primer Circuito Judicial resolvió vincularla a proceso e impuso como medida cautelar la prisión preventiva, al considerar que cometió un delito grave por presuntamente adjudicar directamente una obra por más de 75 millones de pesos y cometer el Delito de Ejercicio Abusivo de Funciones.

“Es por ello, que la Fiscalía realizó labores de búsqueda y localización de la imputada, ubicándola en el hotel El Naranjo en la colonia San Gaspar de Jiutepec, donde fue detenida y remitida a la autoridad judicial, la cual, en audiencia, confirmó que Patricia “N” deberá continuar en prisión preventiva, ya que así lo resolvieron magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en tanto, otorgó dos meses para el cierre de la investigación complementaria”, citó el informe de la Fiscalía Anticorrupción al que tuvo acceso puntoporpuntotv.com.

La ex Secretaria de Obras también está vinculada a proceso por el delito de Ejercicio Ilícito del Servicio Público, por la construcción de una planta valorizadora de residuos sólidos ubicada en Jiutepec, por la que se pagaron 34MDP; por Ejercicio Indebido del Servicio Público, ya que pagó más de 13 millones 800 mil pesos, por una planta valorizadora ubicada en “El Zarco”, municipio de Yautepec, reportando como terminada la obra, cuando apenas se tenía un 40 por ciento de avance de la misma.

Por este caso también fueron vinculados Topiltzin “N” ex secretario de Desarrollo Sustentable; Rafael “N” ex Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Sergio “N” y José “N”, ambos en distintos momentos ostentaron el cargo de subsecretario de Evaluación y Seguimiento; Lucero “N”, ex directora general de Obras Públicas, y Marco Antonio “N”, ex supervisor de Obra.

Patricia, también fue vinculada por Ejercicio Indebido del Servicio Público por presuntamente avalar de manera ilegal, la adjudicación directa de una obra por más de 42 millones de pesos, para la remodelación del circuito del lago de Tequesquitengo; también fueron vinculado por este caso Sergio “N” ex subsecretario de Evaluación y Seguimiento de Obra, Alejandra “N” ex directora general de Licitaciones y Contratación de Obra Pública, y José “N” ex director General de Caminos y Puentes, todos de la Secretaría de Obras Públicas de Morelos.

Ex Secretaria de Cultura, Cristina “N” vinculada por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público por pagar casi 1MDP en un libro que no fue publicado.

El miércoles 23 de marzo de 2022, la Fiscalía Anticorrupción logró la tercera vinculación a proceso contra el ex secretario de Desarrollo Sustentable, ahora por Ejercicio Indebido del Servicio Público, ya que presuntamente pagó 39MDP  por una planta valorizadora de residuos sólidos, la cual entregó inservible.

Al considerar que los datos de prueba aportados por la Fiscalía Anticorrupción acreditan la presunta comisión del delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, un Juez determinó vincular a proceso Topiltzin “N”, ex secretario de Desarrollo Sustentable, Iván “N”, ex subsecretario de Gestión Ambiental Sustentable y Noé “N”, ex director general de Gestión Ambiental.

Presuntamente, los ex servidores públicos entregaron sin funcionar una planta de valorización de residuos sólidos ubicada en Xochitepec.

De acuerdo a las investigaciones, los imputados no vigilaron las condiciones en que se encontraba la planta, aún sabiendo que la operación de ésta podría ser concesionada a un plazo de 30 años.

Además, no crearon los mecanismos jurídicos, de vigilancia y operatividad para que se cumpliera su finalidad, es decir, el tratamiento de los residuos sólidos.

El Viernes 18 de marzo de 2022, la Fiscalía Anticorrupción obtuvo vinculación a proceso por Peculado y Ejercicio Abusivo de Funciones, contra Jorge “N” ex secretario de Hacienda, Armando “N” ex tesorero general y dos ex servidores públicos más del Gobierno de Morelos, ya que presuntamente fueron coautores de los delitos mencionados, al tener cada uno distinto grados de responsabilidad en el detrimento al erario, por el pago de 21 millones 735 mil pesos a una empresa, por la compra de papelería, que nunca existió.

Un Juez dictó vinculación a proceso contra Jorge “N” al considerar que la la Fiscalía Anticorrupción presentó los datos de prueba suficientes para demostrar que fue él, en su calidad de Secretario de Hacienda, quién solicitó el pago millonario a favor de la empresa Praimberg Binomio Comercial S.A. de C.V., para la compra de material de papelería, sin haber un contrato y sin que el material fuera entregado.

En tanto que, el ex tesorero general, en su momento fue quien autorizó los 76 pagos realizados en el 2017, a la empresa señalada; mientras que Jorge “N” ex subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda debía velar por el correcto uso del recurso y no lo hizo, al igual que Carlos “N” ex director General de Presupuesto y Gasto Público.

A principios de abril de 2022, la Fiscalía Anticorrupción obtuvo la segunda vinculación a proceso contra el ex secretario de Hacienda de Morelos, Jorge “N”, por el delito de Peculado Agravado y contra Armando “N” ex tesorero general por Ejercicio Indebido del Servicio Público, al igual que Jorge “N” ex subsecretario de presupuesto y Carlos “N” ex director general de presupuesto.

Presuntamente, los ex servidores públicos de alto nivel, pagaron 32 millones 889 mil pesos por papelería a la empresa Bonette Logística Comercial S.A. de C.V., disponiendo indebidamente de recursos de una partida destinada al pago de ayudas sociales, y al igual que en el anterior caso tampoco existe evidencia de que el material fue entregado.

Fue en el 2017 cuando los entonces funcionarios públicos autorizaron pagos a la empresa, superiores a los montos establecidos para la compra de papelería del poder Ejecutivo, realizando 82 pagos, algunos de ellos mayores a los dos millones de pesos, sin involucrar a la Unidad de Procesos de Adquisición y Contratos (UPAC); además no existe registro de solicitud de papelería; por lo que no se cumplieron los procesos que regulan estas compras y sus montos, y tampoco se revisó el suministro del material y su ingreso a los almacenes.