
El nuevo organismo Transparencia para el Pueblo de Morelos asumirá el 95 por ciento de las funciones que desempeñaba el extinto Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), pero con un gasto considerablemente menor, informó la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno del Ejecutivo estatal, Alejandra Pani Barragán.
A pregunta de Punto por Punto TV, la funcionaria reconoció que el extinto Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) tenía un presupuesto anual de 27 millones de pesos, mientras que el nuevo organismo operará con apenas cinco millones de pesos al año. Explicó que, pese a la reducción presupuestal, “Transparencia para el Pueblo de Morelos” mantendrá el 95 por ciento de las funciones que anteriormente realizaba el instituto, mediante una estructura más compacta y eficiente, enfocada en la austeridad y la optimización de recursos públicos.

Durante la conferencia de prensa semanal encabezada por la gobernadora Margarita González Saravia en Xoxocotla, Pani Barragán anunció oficialmente la creación del nuevo modelo estatal de transparencia, el cual será encabezado por Alejandra Fernández Hernández y contará con autonomía técnica, funcional y de gestión.
La funcionaria explicó que este esquema fue publicado mediante decreto el pasado 6 de mayo de 2026 y tiene como objetivo fortalecer un gobierno abierto, cercano a la ciudadanía y comprometido con la legalidad. Asimismo, dará seguimiento al Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública y promoverá acciones de capacitación y cultura de la transparencia entre las instituciones públicas.

Detalló además que el nuevo organismo tendrá alcance sobre 120 sujetos obligados, entre dependencias estatales, organismos paraestatales, ayuntamientos, sistemas DIF municipales y organismos operadores de agua potable.
Finalmente, informó que durante mayo se desarrolla el proceso de Declaración Patrimonial 2026 mediante una plataforma completamente digital que utiliza la e.firma del SAT, con el propósito de agilizar los trámites y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de los servidores públicos.