La expedición de tarjetas de circulación vehicular en la entidad enfrenta diversos retos operativos que podrían impactar directamente a contribuyentes y concesionarios del transporte público, advirtió Mauro Rivera, líder transportista del grupo “2 de Mayo”.

El representante del sector señaló que se trata de un proyecto que la gobernadora Margarita González Saravia busca impulsar junto con el coordinador de Movilidad, Jorge Toledo, con la intención de modernizar y ordenar el trámite vehicular en el estado.

Reconoció la disposición de la mandataria para sacar adelante el tema, aunque consideró que el momento podría no ser el más adecuado.

“Ella tiene muchas ganas y estoy de acuerdo en el tema, pero lamentablemente es un asunto muy difícil. Yo creo que no es el momento todavía; este año va a haber muchas fallas”, expresó al referirse principalmente a las deficiencias del sistema digital mediante el cual se gestionan los pagos y la emisión de las tarjetas.

Indicó que, según la información que se tiene, el funcionamiento de la plataforma no depende directamente de la coordinación del área, sino del sistema de recaudación de fondos, lo que dijo, ha generado retrasos y complicaciones administrativas.

“En lugar de ayudarnos, nos atrasa totalmente”, lamentó.

Otro de los puntos que preocupa al sector es el plazo limitado para realizar los pagos correspondientes.

Explicó que actualmente sólo se otorgan entre dos y tres meses para cumplir con el trámite, y en caso de no hacerlo dentro del periodo establecido, los contribuyentes deben cubrir multas y recargos, lo que incrementa la carga económica.

Rivera destacó que los principales afectados serían los ciudadanos en general, por lo que hizo un llamado a las autoridades estatales para que exista mayor flexibilidad en la emisión de las tarjetas de circulación digitales, especialmente mientras se corrigen las fallas técnicas.

En el caso específico del transporte público, advirtió que la problemática podría ser aún mayor.

Señaló que, a diferencia del sector particular, los concesionarios deben cubrir más de 20 conceptos o rubros adicionales, lo que complica el proceso si persisten deficiencias en el sistema de expedición.

Por ello, insistió en la necesidad de ajustes operativos que permitan evitar afectaciones económicas y retrasos en la regularización vehicular en Morelos.