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Por Ángel Álvarez.

Cuernavaca, Mor. – En medio de un clima marcado por las exigencias de seguridad, las protestas ciudadanas y las denuncias por violencia e inseguridad en distintas regiones del estado, organismos civiles advirtieron que las investigaciones derivadas del Operativo Enjambre deberán sostenerse sin distinción política y con respeto a los derechos humanos.

Durante los últimos meses, colectivos, madres buscadoras, sindicatos, estudiantes y sectores sociales han salido a las calles para exigir justicia ante casos de desapariciones, feminicidios y hechos violentos que han golpeado a Morelos. En ese contexto, las recientes detenciones e investigaciones contra servidores públicos fueron calificadas como un mensaje relevante contra la impunidad.

“Que no haya impunidad para nadie”: exigen aplicar parejo el Operativo Enjambre en Morelos, afirmó José Martínez Cruz, titular de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, al señalar que las investigaciones deben alcanzar a todos los actores involucrados, sin importar partido político o cargo público.

El activista sostuvo que las detenciones de alcaldes y funcionarios municipales representan una señal importante para la ciudadanía, particularmente para quienes han denunciado actos de corrupción, vínculos con la delincuencia o abusos de poder. Subrayó que el combate a la inseguridad debe realizarse con legalidad, investigación y coordinación entre autoridades estatales y federales.

Martínez Cruz enfatizó que las investigaciones no deben limitarse únicamente a los servidores públicos ya detenidos, sino también a quienes actualmente son investigados o permanecen prófugos. “Debe aplicarse la misma vara para todos”, expresó, al advertir que permitir privilegios o protección política solo fortalecería la percepción de complicidad e impunidad.

Finalmente, el representante de la CIDH recordó que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia, pero insistió en que las autoridades están obligadas a investigar a fondo cualquier señalamiento. Añadió que una política de cero tolerancia a la corrupción y a los vínculos criminales ayudaría a recuperar la confianza ciudadana frente a la crisis de seguridad que enfrenta Morelos.

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