Por Fernanda Contreras.

Cuernavaca, Mor.- La propuesta de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio en México, ha generado cuestionamientos sobre su eficacia real, pese a que contempla penas de 40 a 70 años de prisión y la homologación del tipo penal a nivel nacional.

El doctor en derecho, Cipriano Sotelo Salgado,  señaló que aunque la iniciativa resulta sólida en el papel, existe escepticismo debido a que leyes similares en otros delitos no han logrado reducir la incidencia, por lo que advirtió que un marco jurídico por sí solo no garantiza resultados en materia de seguridad para las mujeres.

Explicó que la propuesta incluye aspectos relevantes como la obligación de investigar toda muerte violenta de una mujer bajo el protocolo de feminicidio, la definición de nueve razones de género y 21 agravantes, así como medidas de atención integral para víctimas indirectas, incluyendo menores en situación de orfandad.

No obstante, subrayó que el principal reto radica en la falta de profesionalización de las autoridades encargadas de la procuración de justicia, al señalar que se requiere capacitar a fiscales, dotarlos de herramientas adecuadas y mejorar sus condiciones salariales para evitar corrupción, tráfico de influencias y deficiencias en las investigaciones.

Finalmente, reconoció que la iniciativa incorpora acciones de prevención que podrían ser positivas, pero insistió en que, sin una adecuada implementación y fortalecimiento institucional, existe el riesgo de que se convierta en una ley más sin impacto real en la disminución de la violencia de género en el país.