Por Ángel Álvarez.
Cuernavaca, Mor. – Las declaraciones del exdirigente estatal de Morena, Ulises Bravo Molina, en las que acusó al Gobierno de Morelos de presuntamente impulsar una persecución política en su contra por el proceso judicial que enfrenta por presunta violencia familiar, provocaron la respuesta de la administración estatal.
Bravo aseguró que existe un supuesto complot para llevarlo a prisión y señaló directamente a la gobernadora Margarita González Saravia y a integrantes de su gabinete de intervenir en el procedimiento legal que mantiene con su expareja, afirmaciones que fueron rechazadas por el Poder Ejecutivo.
En respuesta, la gobernadora Margarita González Saravia sostuvo que Ulises Bravo “no tiene calidad moral para criticar” a su administración y afirmó que el proceso legal que enfrenta corresponde a un asunto estrictamente personal, derivado de una denuncia presentada por su expareja, por lo que, dijo, el Gobierno del Estado no tiene ninguna participación.
La mandataria señaló que se trata de un procedimiento sustentado en resoluciones judiciales y enfatizó que corresponde al exdirigente atender su situación por la vía legal. “Es un asunto de carácter personal”, expresó, al precisar que existe una determinación emitida por un juez federal.
Asimismo, González Saravia aseguró que el desempeño de la administración encabezada anteriormente por el grupo político de Ulises Bravo será valorado por la ciudadanía, al tiempo que afirmó que su gobierno mantiene una ruta de trabajo distinta y se encuentra satisfecho con los resultados obtenidos.
Por su parte, el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez, también rechazó las acusaciones y afirmó que el Gobierno de Morelos actúa con apego al Estado de Derecho, sin intervenir en las decisiones del Poder Judicial ni de la Fiscalía General del Estado.
El funcionario negó haber sostenido comunicación con el magistrado Rubén Brito o haber solicitado agilizar algún procedimiento en contra de Ulises Bravo, como éste lo denunció públicamente, y sostuvo que no existe sustento ni prueba alguna que respalde esas afirmaciones.
Finalmente, el Gobierno de Morelos reiteró que las instituciones estatales respetan la autonomía de las autoridades encargadas de impartir justicia y que cualquier proceso legal deberá resolverse conforme a la ley, sin injerencia del Poder Ejecutivo.
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