
Por Ángel Álvarez.
Cuernavaca, Mor.- En rechazo a la reforma constitucional que plantea modificaciones al esquema de financiamiento para el pago de jubilaciones y pensiones en Morelos, este miércoles se registró una movilización de trabajadores y pensionados en las inmediaciones del Congreso del Estado, al señalar que la iniciativa podría afectar derechos adquiridos y prestaciones laborales.
Los manifestantes advirtieron que la propuesta legislativa, relacionada con la creación de un Instituto de Pensiones, representa un riesgo para trabajadores activos y jubilados, por lo que solicitaron al Poder Legislativo abrir un proceso de diálogo antes de su eventual aprobación.

En este contexto, la representante de jubilados y pensionados de la Fiscalía General del Estado, María Magdalena Díaz Agapito, afirmó que no permitirán lo que calificó como un “madruguete” legislativo en la discusión de la reforma al artículo 131 constitucional, al considerar que se trata de un cambio que impacta directamente en sus derechos laborales.
La dirigente señaló que existe preocupación entre el sector por la posibilidad de que se apruebe la iniciativa sin consenso, al advertir que el esquema propuesto podría implicar la creación de un Instituto de Pensiones que utilice recursos que actualmente pertenecen a los trabajadores a través del Instituto de Crédito.

Por su parte, María Teresa Galván Abúndez, presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Congreso del Estado, explicó que los inconformes están en disposición de dialogar con las autoridades, pero insistió en que cualquier reforma debe garantizar que no se afecten los derechos de trabajadores activos ni de quienes ya se encuentran jubilados.
Ambas representantes coincidieron en que la reforma no debe aplicarse con efectos retroactivos ni vulnerar derechos adquiridos, al tiempo que señalaron que están de acuerdo en la necesidad de revisar el sistema de pensiones, siempre y cuando se haga sin perjudicar a los sectores involucrados.

Finalmente, los manifestantes hicieron un llamado al Congreso del Estado para que la discusión se realice de manera transparente y sin “albazos legislativos”, advirtiendo que mantendrán su postura de vigilancia ante cualquier avance de la iniciativa.
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