Familiares de las 182 personas privadas de su libertad que fueron trasladadas de Morelos a diferentes penales del país, protestaron este lunes afuera de la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Lo anterior, para exigir audiencia con el magistrado presidente, Jorge Gamboa y les informen si este traslado fue legal o no.
Denunciaron presuntos actos de corrupción por parte de las autoridades penitenciarias, por lo que exigieron que les informen del status de esta situación.
De hecho, la Comisión de Derechos Humanos Morelos (CDHM) informó que no tuvieron conocimiento de este procedimiento realizado el pasado viernes 8 de marzo.
Al concluir la reunión con el representante del Poder Judicial señalaron que no descartan recurrir al amparo ante esta situación.
Por su parte, la Secretaría Ejecutiva del organismo, Nadxiielli Carranco Lechuga, Coordinación del Sistema Penitenciario negó la información sobre el traslado de 182 personas privadas de su libertad a diferentes centros federales del país.
Manifestó que en caso de confirmarse que el procedimiento sea ilegal, podrían haber consecuencias tanto penales como administrativas para quien resulte responsable.
