Por Ángel Álvarez. 

Cuernavaca, Mor.- A varias semanas de la deflagración de una pipa de gas que provocó una tragedia en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca, las familias afectadas continúan enfrentando consecuencias médicas y económicas, mientras persisten dudas sobre las causas del siniestro y la actuación de las autoridades.

Con el paso de los días, las víctimas siguen sin recibir una reparación integral y surgen nuevos cuestionamientos sobre las inspecciones de seguridad realizadas a la empresa. Mientras tanto, la falta de dictámenes concluyentes mantiene abierta la incertidumbre sobre lo ocurrido y las posibles responsabilidades.

El abogado Eduardo Núñez, representante de la familia Herrera, exigió investigar posibles omisiones de Protección Civil y anunció la presentación de cinco oficios ante la dependencia para conocer el estado de las inspecciones realizadas a la empresa y sus unidades. Entre la información solicitada se encuentran los expedientes de 2024, 2025 y 2026, el número de pipas inspeccionadas, observaciones detectadas y si estas fueron solventadas.

El litigante cuestionó que, pese a que Protección Civil habría señalado que la revisión mecánica de la pipa estaba próxima a realizarse, la legislación establece obligaciones de inspección durante los primeros meses del año. Por ello, pidió que la dependencia explique qué disposición permitió que la revisión estuviera pendiente al momento de la tragedia.

Núñez también señaló deficiencias en la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado, pues afirmó que la copia cotejada de aproximadamente 600 páginas entregada a la familia no contiene un solo dictamen que determine qué provocó el accidente, pese a que se ha informado de la existencia de alrededor de 120 periciales.

El abogado advirtió además que la falta de información sobre pólizas de seguro, activos e identidad fiscal de la empresa limita la posibilidad de garantizar una reparación integral a las víctimas. Señaló que algunos afectados continúan enfrentando graves problemas de salud y que la familia Herrera, hasta el momento, no ha recibido reparación por los daños sufridos.

Finalmente, Eduardo Núñez sostuvo que no puede descartarse ninguna línea de investigación respecto a posibles omisiones de las autoridades y afirmó que corresponde a Protección Civil aclarar si cumplió con sus obligaciones de supervisión. La dependencia tendrá, según señaló, un plazo de tres días para responder los cinco oficios y entregar los expedientes solicitados.

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