Por Ángel Álvarez.
Cuernavaca, Mor. – Un día después de que a nivel nacional se emitiera la declaratoria de validez, el Congreso de Morelos aprobó el denominado “Plan B” de la reforma electoral, con 11 votos a favor y 4 en contra, en una sesión marcada por posicionamientos encontrados entre las distintas fuerzas políticas.
Durante la discusión en el pleno, legisladoras y legisladores fijaron postura frente a la minuta enviada por el Congreso de la Unión, que plantea modificaciones a la organización institucional y al uso de recursos públicos en el ámbito electoral y legislativo.
Desde la tribuna, el diputado del PAN, Daniel Martínez Terrazas, criticó la reforma al señalar que representa un intento de centralizar el poder y debilitar el sistema democrático. Afirmó que el proyecto ignora problemáticas de fondo, como la injerencia del crimen organizado en procesos electorales, y advirtió que podría afectar la autonomía de las instituciones.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Luz Dary Quevedo Maldonado, defendió su voto a favor bajo el argumento de congruencia política, al considerar que la propuesta incluye medidas orientadas a reducir privilegios y costos en el sistema público. No obstante, aclaró que su respaldo no implica un apoyo irrestricto, al señalar que la reforma no constituye una transformación integral del sistema electoral.
En el mismo sentido, la diputada de Nueva Alianza, Ruth Cleotilde Rodríguez López, respaldó la iniciativa al destacar que contempla ajustes administrativos que podrían traducirse en mayor eficiencia, ahorro presupuestal y modernización institucional, mediante el uso de herramientas tecnológicas y la simplificación de procesos.
De acuerdo con el dictamen aprobado, la reforma establece límites en el número de regidores en los ayuntamientos, reduce presupuestos en congresos locales y fija topes salariales para funcionarios de organismos electorales, con el supuesto objetivo de generar ahorros en el gasto público.
Asimismo, durante la misma sesión se avaló una segunda minuta que reforma el artículo 127 constitucional para establecer un tope a las pensiones en el sector público -las llamadas “pensiones doradas”-, el cual no podrá superar el 50 por ciento del salario de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal.
Con esta aprobación, el Congreso de Morelos se suma a las entidades que han dado su aval a las reformas federales, en medio de un debate que continúa a nivel nacional sobre sus alcances, beneficios y posibles implicaciones para el sistema democrático mexicano.
