Por Ángel Álvarez.
Cuernavaca, Mor.- Ante la recurrencia de llamadas falsas a los servicios de emergencia en Morelos, que provocan la movilización innecesaria de cuerpos de seguridad, bomberos y protección civil, el Congreso estatal analiza endurecer las sanciones previstas en la legislación para quienes hagan uso indebido de estos canales de auxilio.
El diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez informó que trabaja en una propuesta para endurecer las consecuencias legales de estas conductas, luego de señalar que la actual sanción podría resultar insuficiente frente a la frecuencia con la que se presentan este tipo de reportes.
La legislación estatal ya contempla el delito de movilización de cuerpos de emergencia mediante avisos falsos. El artículo 267 Bis establece penas de tres meses a dos años de prisión y una multa de diez a cien días de salario mínimo para quien, con el propósito de atentar contra la paz pública, utilice teléfono, radio, celular, internet u otro medio electrónico para generar una movilización de emergencia mediante información falsa.
Sotelo Martínez señaló que su equipo jurídico revisará el marco legal vigente para determinar qué modificaciones pueden plantearse sin vulnerar derechos o garantías. Entre las posibilidades, dijo, se encuentra incrementar las sanciones e incluso valorar nuevamente la aplicación de penas de prisión, dependiendo del análisis legislativo.
El diputado advirtió que el problema no se limita a las llamadas falsas a corporaciones de emergencia, pues también se han registrado situaciones similares en escuelas y universidades, donde se realizan alertas sobre supuestos artefactos o hechos que finalmente no ocurren.
Sostuvo que los números y canales institucionales destinados a solicitar auxilio deben utilizarse exclusivamente para atender emergencias reales, ya que los reportes falsos pueden generar confusión y distraer recursos humanos y operativos que podrían ser requeridos en situaciones verdaderas.
La propuesta será analizada por el equipo legislativo de Sotelo Martínez antes de determinar si se presenta formalmente ante el Congreso de Morelos, con el objetivo de fortalecer las sanciones y evitar que continúe el uso irresponsable de los servicios de emergencia.
