Por Ángel Álvarez.

Cuernavaca, Mor. – La violencia vicaria continúa dejando historias marcadas por la pérdida, la separación familiar y procesos judiciales que, de acuerdo con activistas, siguen revictimizando a mujeres, niñas y niños en distintas partes del país.

Entre reclamos por omisiones institucionales y falta de acceso a la justicia, colectivos y familiares de víctimas mantienen la exigencia de crear mecanismos reales de protección, así como sanciones contra quienes permitan actos de corrupción e impunidad en este tipo de casos.

Para que el 11 de mayo sea declarado como Día Estatal de Protección del Vínculo Materno Filial y contra la Violencia Vicaria, Claudia Leticia Jiménez Santiago acudió al Congreso de Morelos para presentar tres acciones relacionadas con esta problemática, tras el asesinato del niño Fernando Josué Vázquez.

La activista señaló que la primera propuesta busca honrar la memoria de las víctimas y visibilizar esta forma extrema de violencia de género. La segunda contempla medidas diferenciadas de protección para niñas, niños y adolescentes hijos de mujeres víctimas de violencia vicaria y feminicida, incluyendo atención integral, protocolos de riesgo y participación de instituciones de salud y protección infantil.

Además, presentó una propuesta contra la impunidad institucional para que las decisiones de tribunales, fiscalías y autoridades encargadas de custodias y convivencias también sean evaluadas por las consecuencias reales que generan sobre madres e infancias afectadas.

Jiménez Santiago pidió incluir en el Código Penal sanciones para servidores públicos y abogados involucrados en actos de corrupción o violencia institucional, al asegurar que muchas víctimas siguen enfrentando “tortura emocional” derivada de malas prácticas y desinterés de las autoridades.

“Sólo se castiga a quien es corrupto, no a quien corrompe”, expresó al insistir en que la violencia vicaria puede tener consecuencias fatales cuando no existe actuación oportuna de las instituciones.