
Por Ángel Álvarez.
Cuernavaca, Mor. – La disputa de la herencia del empresario Raúl Iragorri Montoya continúa generando controversia a varios años de su fallecimiento. Entre los bienes en conflicto se encuentra el predio donde operaba Nissan Cuautla, inmueble que, de acuerdo con la defensa de Dolores Gómez Acosta, le fue cedido en vida por el empresario y posteriormente incluido dentro de los derechos que conservó tras la sucesión testamentaria.
El caso ha derivado en diversos procedimientos judiciales relacionados con la posesión del inmueble, así como en señalamientos sobre presuntas irregularidades dentro del sistema de justicia. La defensa legal de Gómez Acosta sostiene que el litigio se prolongó durante cinco años y que aún existen procesos pendientes relacionados con derechos corporativos y patrimoniales vinculados al grupo empresarial.
La albacea de la sucesión y heredera, Dolores Gómez Acosta, fue víctima de despojo, discriminación y exclusión de las empresas de Raúl Iragorri luego de entregar la herencia a los demás beneficiarios, acusó su abogado Alfonso González Mendizábal durante una conferencia de prensa.

El litigante explicó que, tras la muerte del empresario, Gómez Acosta en su calidad de albacea entregó las acciones y bienes que correspondían a los herederos en un proceso que calificó como rápido y transparente. Sin embargo, aseguró que poco tiempo después le fueron retiradas facultades dentro de las empresas, se le cancelaron derechos corporativos y se le impidió continuar desempeñando el cargo vitalicio de subdirectora que, afirmó, le había sido otorgado por el propio Iragorri.
González Mendizábal señaló que la señora Gómez desde 2021 inició un juicio para recuperar la posesión del inmueble de Cuautla, argumentando que éste había sido cedido en vida a su representada. Aseguró que el procedimiento concluyó con resoluciones favorables para la mujer de la tercera edad, permitiendo la recuperación del predio tras una orden judicial de desocupación.
Durante su posicionamiento, el abogado lanzó críticas contra el Poder Judicial de Morelos y afirmó que la corrupción persiste dentro de la institución. Incluso señaló directamente al exmagistrado presidente Luis Jorge Gamboa Olea, a quien acusó de incurrir en prácticas que, dijo, permitieron retrasar durante años la resolución del caso. Además, cuestionó actuaciones recientes de la juez federal, al considerar que debió desechar una solicitud de amparo por improcedente, pero todo lo contrario, emitió determinaciones que favorecen intereses económicos de su contraparte.
Por su parte, Alfonso González afirmó que las denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción continúan sin avances significativos. Según expuso, las investigaciones permanecen abiertas, aunque hasta el momento no se han registrado acciones concretas contra los servidores públicos señalados.
La defensa de Dolores Gómez reiteró que continuará los procesos legales para recuperar plenamente los derechos patrimoniales y corporativos que, asegura, le fueron otorgados por Raúl Iragorri, al tiempo que mantendrá los señalamientos sobre presuntas irregularidades ocurridas durante el litigio.
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