La violencia letal contra las mujeres no muestra una disminución en Morelos y, al mismo tiempo, existen riesgos en la propuesta de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, advirtió la defensora de derechos humanos Yndira Sandoval durante la presentación de la Red Violeta y su “Plan Estratégico de Prevención”.

Señaló que, de acuerdo con las cifras que presentó, mientras los homicidios de hombres registran una reducción, al pasar de 602 casos en 2025 a 514 en 2026 durante el mismo periodo de referencia, entre las mujeres la cifra permanece sin cambios, con 69 asesinatos registrados en ambos años.

La activista llamó además a revisar la categoría de “otras muertes violentas”, en la que, según los datos expuestos, se contabilizan 236 casos. A esta cifra sumó 69 homicidios dolosos de mujeres y 21 feminicidios, al considerar que el análisis conjunto de estos registros permite dimensionar de mejor manera la violencia letal que enfrentan las mujeres en la entidad.

“Un lugar seguro para una mujer es un lugar seguro para todas y todos”, sostuvo Sandoval, quien también advirtió que las estadísticas oficiales podrían representar únicamente una parte del problema debido a la falta de denuncia.

Explicó que diversos hechos delictivos no llegan a convertirse en carpetas de investigación, por lo que consideró necesario fortalecer los mecanismos para registrar y atender las agresiones.

Dentro de este panorama, ubicó a Cuautla entre los principales focos de atención. De acuerdo con las cifras que presentó, existen 14 municipios que concentran los mayores niveles de violencia y Cuautla representa una parte importante de ese grupo, con 545 carpetas de investigación de un total de 836 señaladas durante su exposición.

Consideró que estos datos obligan a revisar las condiciones que están generando la violencia contra las mujeres en Morelos y, particularmente, en municipios como Cuautla, además de fortalecer las acciones de prevención, atención, investigación y procuración de justicia.

La defensora también cuestionó la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Uno de sus principales señalamientos se relaciona con el artículo 10 de la propuesta, al considerar que su redacción podría permitir que una muerte violenta de una mujer termine siendo investigada bajo las reglas del homicidio doloso cuando no se acrediten los elementos del feminicidio.

Para la activista, esta posibilidad representa un riesgo de reclasificación de los casos y podría afectar a las víctimas y sus familias.

Sostuvo que las investigaciones deben considerar desde el inicio las razones de género, así como el contexto y los antecedentes de violencia, amenazas, violencia sexual, incomunicación u otras circunstancias que actualmente contempla la legislación para determinar la existencia de un feminicidio.

También cuestionó que una eventual reducción estadística de los feminicidios pueda interpretarse automáticamente como una disminución de la violencia contra las mujeres. Señaló que los registros deben analizarse de manera integral para evitar que un cambio en la clasificación de los delitos genere una percepción de reducción que no corresponda con la realidad de la violencia letal.

Otro de sus cuestionamientos estuvo relacionado con los recursos necesarios para aplicar la nueva legislación. La propuesta contempla fiscalías o unidades especializadas, protocolos de investigación, capacitación y mecanismos de atención, pero la activista sostuvo que la creación de nuevas obligaciones institucionales debe estar acompañada de presupuesto y capacidad operativa suficientes.

“Lo que no tiene recurso es discurso”, expresó al señalar que la creación de estructuras, protocolos y personal especializado no garantiza resultados si las instituciones encargadas de investigar y atender los casos carecen de recursos suficientes.

La defensora planteó un debate sobre la definición de mujer y el alcance de la legislación frente a las distintas identidades de género. Señaló que debe revisarse cuidadosamente la manera en que la iniciativa aborda este concepto y su relación con los instrumentos internacionales en materia de derechos de las mujeres.

La propuesta federal contempla, entre otros aspectos, que las muertes violentas de mujeres sean investigadas inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio y con perspectiva de género, por lo que refirió que tanto la discusión legislativa como las estadísticas sobre violencia deben analizarse de manera integral, considerando no sólo la clasificación de los delitos, sino también las condiciones territoriales, la falta de denuncia y la capacidad real de las instituciones para prevenir, investigar y sancionar estos hechos.