
Por Ángel Álvarez.
Cuernavaca, Mor. – En medio de discusiones nacionales sobre reformas al sistema de pensiones y la necesidad de fortalecer su viabilidad financiera, distintos estados han comenzado a analizar ajustes que permitan dar mayor certeza a los trabajadores ante el incremento de personas que alcanzan la edad de retiro.
A la par, en el ámbito federal se han impulsado modificaciones orientadas a garantizar pensiones más justas, eliminar privilegios y fortalecer la transparencia en su asignación, lo que ha abierto el debate sobre la creación de nuevos esquemas institucionales en las entidades.

En este contexto, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, afirmó que el proyecto para crear un Instituto de Pensiones no afectará los derechos de los trabajadores y aseguró que los señalamientos en su contra forman parte de “golpeteo político”.
La mandataria explicó que esta propuesta busca dar mayor orden, legalidad y transparencia al sistema, además de combatir prácticas como las llamadas “pensiones doradas”, al tiempo que se alinea con criterios federales para garantizar justicia laboral.

Precisó que el instituto estaría enfocado únicamente en el personal del Poder Ejecutivo estatal y no contemplaría a los municipios, como parte de una estrategia para atender de manera responsable el crecimiento de la población en edad de retiro.
Asimismo, subrayó que la iniciativa aún no ha sido enviada al Congreso local, ya que se encuentra en proceso de análisis y diálogo con sindicatos, con el objetivo de construir un modelo que incluya a las y los trabajadores y atienda sus inquietudes.

En este escenario, la diputada de Movimiento Ciudadano, Luz Dary Quevedo Maldonado, informó que el Congreso del Estado prevé la realización de mesas de análisis en torno a la eventual iniciativa, con el fin de que las y los legisladores conozcan a fondo su contenido antes de tomar una postura.
La legisladora enfatizó que hasta el momento no existe un documento formal presentado ante el Congreso, por lo que adelantó que su bancada no respaldará ninguna propuesta que afecte los derechos laborales, al tiempo que llamó a privilegiar el diálogo y la participación de los trabajadores en la construcción de la iniciativa.