Sumidos en una crisis marcada por hechos violentos que amenazan la vida de operadores y trabajadores del volante, concesionarios y conductores de la zona oriente de Morelos lanzaron un urgente llamado a la unidad del gremio para ir a un paro general del servicio de transporte público como medida de presión ante la falta de garantías de seguridad.
Por temor a represalias, integrantes del sector mantuvieron sus identidades en el anonimato; sin embargo, fueron contundentes al calificar la situación actual como crítica.
Denunciaron que la ola de inseguridad no solo golpea la economía de las familias que dependen del gremio, sino que ha cobrado la vida de choferes, operadores y checadores en el ejercicio de su labor.
Ante el panorama, un sector de transportistas busca convocar a un diálogo directo y urgente con la Gobernadora del Estado, exigiendo la intervención inmediata de las autoridades competentes para frenar la violencia que ahoga al rubro.
Dirigentes del gremio buscan sumar a los líderes de todas las rutas de la Zona Oriente para suspender totalmente el servicio de transporte. Argumentan que detener la movilidad colapsaría la actividad en la región, forzando una respuesta coordinada entre las autoridades municipales, estatales y federales.
Los promotores de la iniciativa reconocieron que lograr una postura unificada no ha sido sencillo. Señalaron que existe temor fundado entre varios líderes y concesionarios de que la participación en movilizaciones o acciones drásticas derive en represalias o mayores agresiones.
Precisaron que el llamado y la exigencia de soluciones van dirigidos formalmente al ejecutivo estatal, al ser la instancia legalmente facultada y responsable de regular y garantizar las condiciones operativas y de seguridad en el transporte público.
Agregaron que a pesar de las diferencias y el clima de intimidación, los transportistas aseguraron que continúan con las labores de convocatoria para concretar el paro general de actividades.
Enfatizaron que la suspensión del servicio no es un objetivo deseado, pero sí el único recurso que vislumbran para que el Gobierno del Estado escuche sus demandas y ofrezca garantías reales para salvaguardar la vida de quienes diariamente prestan este servicio fundamental a la población.
