La discusión sobre la eutanasia en México continúa situada en un terreno complejo donde convergen aspectos médicos, jurídicos, éticos, religiosos y sociales.

Para la psicóloga clínica y forense Itzel Yajaira Cruz Saavedra, el tema trasciende la ciencia y plantea un dilema moral relacionado con la autonomía de las personas para decidir sobre el final de su propia vida cuando enfrentan un sufrimiento irreversible.

La especialista explicó que la eutanasia suele generar opiniones encontradas debido a que la sociedad tiende a intervenir o juzgar las decisiones personales de quienes atraviesan enfermedades graves.

A ello se suman factores como la religión, la moral y las distintas concepciones sobre la vida y la muerte, que han dificultado la construcción de un consenso en torno a este tema.

Actualmente, la eutanasia no está permitida ni regulada como tal en México y continúa siendo una conducta sancionada por la legislación penal.

No obstante, en diversas entidades del país existen leyes de voluntad anticipada que permiten a una persona dejar por escrito su decisión de no prolongar artificialmente su vida cuando su estado de salud sea irreversible y no existan posibilidades médicas de recuperación.

Precisó que esta figura jurídica está relacionada con la ortotanasia, es decir, permitir que la muerte ocurra de manera natural sin recurrir a tratamientos extraordinarios o aparatos que únicamente prolonguen el proceso.

En cambio, la eutanasia y la muerte asistida siguen siendo temas prohibidos en el marco legal mexicano.

Desde una perspectiva médica y psicológica, señaló que la eutanasia debe entenderse como una opción para poner fin al sufrimiento insoportable de personas con enfermedades crónicas, degenerativas o terminales, cuando ya no existe una alternativa terapéutica viable.

En ese sentido, afirmó que el objetivo no sería simplemente terminar con la vida, sino evitar que el paciente continúe atravesando un dolor irreversible que también afecta a sus familiares y cuidadores.

La especialista destacó que los tratamientos paliativos, las hospitalizaciones y la medicación prolongada también generan un desgaste económico, físico y emocional.

Por ello, cualquier eventual regulación de la eutanasia tendría que contemplar evaluaciones rigurosas sobre la autonomía, la capacidad de decisión y las competencias mentales del paciente, para garantizar que la solicitud no responda a una crisis emocional o a un trastorno psicológico tratable.

Añadió que uno de los principales retos de México es el rezago en materia de salud mental. Antes de discutir una posible legalización, consideró indispensable garantizar el acceso universal a servicios psicológicos y psiquiátricos, fortalecer la prevención del suicidio y asegurar atención médica integral, tanto física como mental.

“Una decisión de eutanasia tendría que pasar por todos los filtros necesarios para demostrar que se trata de una elección autónoma y consciente, y no de una respuesta a la depresión, al abandono o a la falta de atención médica”, sostuvo la psicóloga.

También señaló que, en los casos de enfermedades terminales, conocer con anticipación el desenlace puede permitir a las familias iniciar un proceso de duelo anticipado y prepararse emocional, social y económicamente.

Sin embargo, subrayó que la muerte digna no debe confundirse con la resignación o el deseo de morir derivado de una situación de desesperanza.

La eutanasia, explicó, únicamente podría considerarse cuando la medicina haya agotado todas las posibilidades razonables de tratamiento y el dolor sea persistente e insoportable, incluso con medicamentos de alta potencia como analgésicos opioides utilizados en cuidados paliativos.

Esto puede ocurrir, por ejemplo, en algunos cánceres avanzados e irreversibles donde mantener con vida al paciente sólo prolonga el sufrimiento.

Consideró que México aún se encuentra lejos de un escenario que permita debatir la eutanasia desde condiciones plenamente garantizadas.

Mientras no exista acceso efectivo y universal a la salud física y mental, acompañamiento psicológico, prevención del suicidio y certeza de que se agotaron todas las alternativas médicas, el país seguirá enfrentando el tema principalmente desde la moral y la religión, más que desde una perspectiva científica y de derechos humanos orientada a garantizar una verdadera muerte digna.