Productores de caña de azúcar de Morelos calificaron como insuficiente el reciente incremento del 156 al 210 por ciento al arancel de importación de azúcar decretado por el gobierno federal, al considerar que la medida no atiende el daño económico que ya sufrió el sector.

En un pronunciamiento conjunto, y con bloqueos en distintos puntos carreteros, una comisión representativa integrada por más de 500 cañeros de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, San Luis Potosí, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Chiapas y Puebla advirtió que el impacto económico acumulado asciende a casi 15 mil millones de pesos, cifra que, aseguran, refleja la gravedad de la crisis que atraviesa el campo cañero nacional.

“Ese arancel no resuelve nada. Es una buena medida en teoría, pero llega tarde. El daño ya está hecho”, señaló Almaquio Sámano, presidente de la asociación cañera “Flor de Caña”.

Detalló que los productores, exigen una explicación oficial, la reparación del daño y sanciones para los responsables de las decisiones que, a su juicio, propiciaron el colapso de precios y afectaron la economía de miles de familias.

En el caso de Morelos, cañeros de la región oriente, particularmente los que abastecen el Ingenio La Abeja en Cuautla, reconocen que el nuevo impuesto podría frenar la entrada de azúcar extranjera, pero advirtieron que esto no corrige la pérdida sufrida en las últimas zafras, donde el precio del producto cayó de forma drástica y los costos de producción siguieron en aumento.

Recordaron que durante meses alertaron sobre la sobreoferta provocada por importaciones masivas, lo que derivó en una caída de precios y en la reducción de ingresos para cientos de familias campesinas.

“El gobierno tiene que explicar quién permitió esa entrada de azúcar y por qué no se actuó antes”, reclamaron.

Mientras tanto, señalaron que mantendrán la exigencia de diálogo directo con las autoridades federales, en busca de compensaciones justas y políticas de apoyo efectivas, que realmente permitan recuperar al sector y garantizar la continuidad de la producción nacional.

“El impuesto es un paso, pero no una solución. Necesitamos justicia para el campo cañero”, concluyó.