Con un lleno total de trabajadores del Gobierno del estado, el gabinete en pleno, Fiscalía y así como porras de algunos diputados, se dio inicio a las 10:45 la sesión de este miércoles en el Congreso de Morelos, en ella comparecencia del titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz, el Fiscal general, Uriel Carmona y el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado, en relación al asesinato de Ariadna “N”.
En su primera intervención los funcionarios citados, trataron de justificar su trabajo a favor de la seguridad y de las mujeres de Morelos, argumentaron la falta de presupuesto, como obstáculo para reforzar la estrategia de prevención en la entidad.
Al tomar la palabra, el fiscal general, Uriel Carmona al iniciar su comparecencia ante el Congreso, se dijo víctima de ataques políticos y aclaró que no se presta a los intereses del gobernador o del Congreso, además lamentó “mucho que los casos de feminicidios como el de Ariadna “N” se hayan ido al ámbito político”.
De su lado, el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo, dijo desconocer el por qué fue citado, “si la CES se encarga de la seguridad y la fiscalía de investigar”.
En ese orden, el comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz, confirmó que fue citado a declarar ante la Fiscalía General de la República por el casi Ariadna “N” y aprovechó la tribuna para llamar a la unidad de los poderes a favor de la seguridad.
La primera diputada que pasó a tribuna, fue Paola Cruz Torres, quien lamentó que el secretario de Gobierno, desconozca por qué haya sido citado a comparecer y lo cuestionó sobre qué ha hecho el Ejecutivo en atender la Alerta de Violencia de Género, en los ocho municipios que la Secretaría de Gobernación emitió, además dijo que “como mujer, diputada feminista y presidenta de la Comisión de Combate a la Corrupción”, que el Congreso no solapará ni encubrirá a nadie en caso de existir irregularidades en el tratamiento de los feminicidios, pero tampoco permitirá que las mujeres sean botín político y se juegue con el dolor de las víctimas.
En ese orden, la diputada Tania Valentina se sumó al extrañamiento de la postura del secretario de Gobierno en su competencia al desconocer el por qué fue citado a comparecer y le dice que si no puede, “renuncie”.
De inmediato, el secretario de gobierno Samuel Sotelo, se defendió jurídicamente ante la extrañeza de diputados de desconocer por qué acudió a comparecer, y leyó las modificaciones a la ley.
Los ánimos se calentaron en tribunas, las porras a favor y en contra no se dejaron esperar y tuvo que intervenir una vez más el presidente del Congreso Francisco Sánchez y pidió al equipo de seguridad estar atentos y si no ceden, desalojarlos en caso de continuar con el desorden.
Demandó además a la FGE conocer sobre los avances de la investigación sobre la muerte de la diputada Gabriela Marín Sánchez y por último le solicitó a Samuel Salgado conocer cuál es el compromiso y la estrategia del gobierno del estado para combatir la violencia en la entidad y contra la violencia de género.
El fiscal general Uriel Carmona, se deslindó del pasado gobierno, y se dijo perseguido políticamente” desde el 2018, porque se dice “incómodo” al gobierno.
Ante los cuestionamientos de los congresistas, sobre que no se detiene en flagrancia y aun así existe sobrepoblación en los penales de Morelos, el comisionado estatal de seguridad, confirmó que la federación cedió a Morelos el Centro de Internamiento Federal con capacidad de 805 personas privadas de la libertad, mismo que se acondiciona para ocuparlo a la brevedad.
Al tomar la palabra de nuevo el secretario de Gobierno, Samuel Salgado Salgado, alertó sobre la presencia de personas armadas en el Congreso, y el presidente del Congreso Francisco Sánchez, le aseguró que el tema fue revisado y no traían armas.
Casi de inmediato, el diputado presidente de la comisión de seguridad, Julio César Solís, luego de hacer cuestionamientos y el que no fue invitado, a pesar de que entregó la petición a las mesas de seguridad, dijo a los funcionarios citados, “No les da vergüenza pertenecer a este gobierno “chafa” y “pitero”.

Para la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Andrea Gordillo, en Morelos las mujeres “estamos cansadas de vivir con miedo a salir por la violencia”, con ello exigió a las autoridades, hacer su trabajo, además sobre si con lo parco de sus resultados de la CES, “está demostrando que no está preparado para el cargo que hoy está ocupando”.
A esto se sumó el diputado Eliasib Polanco Saldivar, mismo que pidió al fiscal, titular de la CES y secretario de Gobierno, “analizar por los resultados, su permanencia en el cargo, no por un tema de capacidades, sino por un tema de resultados”.
La diputada Macrina Vallejo Bello, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, cuestionó al fiscal sobre los resultados obtenidos a cuatro años de desempeñar el cargo en la actual administración, y si éstos corresponden a la demanda de la ciudadanía. El funcionario destacó la creación de la Fiscalía Especializada en Investigación y Combate al Feminicidio, el balance entre incidencia de feminicidios y casos resueltos y que se espera realizar un mejor trabajo con el mayor presupuesto aprobado por los diputados para 2023.
En su intervención, el diputado Oscar Cano Mondragón cuestionó de manera general a Sotelo Salgado, a Ortiz Guarneros y a Carmona Gándara sobre los resultados de sus diversas dependencias y los exhorto a “pelear” por mayores recursos para sus respectivas áreas.
El diputado Arturo Pérez Flores pidió mejora salarial para policías, exhortó al fiscal a separarse del cargo temporalmente para allanar las investigaciones y llamó a los comparecientes a trabajar en torno a una demanda ciudadana, sin olvidar que el cargo es pasajero; Expuso que seguirá haciendo política, “no tengo nada en contra de nadie; yo no miento, no robo y no traiciono; legislar con honestidad y dar resultados sin corrupción han sido mis consignas, las que he sostenido sin importar el costo político”.
En tanto, el legislador Ángel Adame Jiménez cuestionó al comisionado de Seguridad sobre el número de casos que han sido atendidos gracias al uso de las cámaras de video, específicamente aquellos relacionados con homicidios y feminicidios cometidos en flagrancia y cuántos han sido vinculados a proceso; asimismo, le preguntó al fiscal Uriel Carmona conocer el motivo por el cual no se puede practicar una necropsia por más de una vez.
La diputada Edi Margarita Soriano Barrera, consideró que la seguridad es competencia del gobierno en su conjunto, y el Poder Legislativo debe cumplir sus responsabilidades, dando curso a las diversas iniciativas de ajustes al marco jurídico, como las que ella presentó para despenalizar el aborto y para el Derecho a una vida libre de violencia de las personas LGBTIQ+. Compartió la preocupación de sus homólogos por la violencia contra las mujeres y los feminicidios, pero deben cumplir su parte desde el Congreso para combatir estos delitos.
Por su lado, tras exhortar a las y los diputados a “dar acompañamoiento a los familiares de las víctimas de feminicidio”, así como dar seguimiento a “las denuncias” en torno a este delito que se han formulado ante la FGE, la legisladora Mirna Zavala Zúñiga cuestionó al fiscal Uriel Carmona sobre cuáles serán los pasos a seguir para dirimir las diferencias con la Fiscalía de la Ciudad de México; asimismo, solicitó al titular de la SG saber cuál será la estrategia para abatir la violencia en la entidad.
Desde la tribuna legislativa, el diputado Agustín Alonso Gutiérrez pidió un minuto de silencio en honor de la fallecida diputada Gabriela Marín Sánchez, de las demás víctimas de feminicidio y también de los hombres que han perdido la vida violentamente. Advirtió que “aquí no se solapa a nadie”, pero “no nos corresponde hacer las funciones de policías, peritos o forenses”. Destacó que las observaciones del Ejecutivo al Presupuesto 2023 ya llegaron al Congreso e iniciará de inmediato el análisis, y en ello defenderán el dotar de recursos para darles herramientas a quienes se encargan de la prevención y persecución del delito y la aplicación de la justicia.
En su participación, la diputada Erika Hernández Gordillo cuestionó al fiscal en torno al hackeo de su teléfono celular, en tanto que al almirante Ortiz Guarneros le solicitó saber cuántas puestas a disposición ante la FGE ha hecho la CES en lo que va de 2022, además de cuestionar cuáles han sido los delitos más recurrentes por los que se han llevado a cabo dichas puestas a disposición.
En la parte final, el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Erik Sánchez Zavala, destacó que, según lo expuesto por los comparecientes, la falta de recursos ha impedido materializar la seguridad, y destacó que las y los diputados, como representantes de los morelenses, “hemos votado para fortalecer el presupuesto en seguridad”.
Con mayor presupuesto –advirtió- no debe haber pretextos, “porque los ciudadanos no quieren pretextos, quieren resultados”, y consideró que “esta es una gran oportunidad para que cada uno haga lo que le corresponde y se haga efectiva la paz y la tranquilidad del estado”. Concluyó en que la LV Legislatura quiere mejorar la seguridad, porque eso es lo que quiere la ciudadanía.