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 viernes 27 de mayo del 2022     6:59 am

Con la exigencia de grupos de reporteras y comunicadores de frenar la violencia hacia el gremio por parte de funcionarios y políticos de Morelos, este jueves en el auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se inició con la presencia de autoridades federales, locales, activistas y defensores de derechos humanos, el foro de diálogo para impulsar una iniciativa de ley general de prevención y protección ante agravios a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.

Tras dar inicio con el acto protocolario, se dijo que el foro lo  impulsa el gobierno federal a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, con el fin de habilitar un espacio para el intercambio de ideas y opiniones sobre los elementos que debe contemplar la iniciativa de ley.

Al tomar la palabra, el presidente de la la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Morelos, Raúl Israel Hernández Cruz, puntualizó que de 2019 a 2022 en la entidad, existen 19 expedientes de quejas con agravios hacia periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en los cuales de manera oficiosa se dictaron medidas precautorias a los agraviados, consistentes en el requerimiento expreso a la Secretaría de Gobierno para incorporarlos al mecanismo de protección a periodistas, sin embargo, todas las solicitudes fueron incumplidas por la falta de activación que había prevalecido.

“Durante los últimos tres años, ha ocurrido el asesinato de 8 personas activistas y defensoras de derechos humanos en la entidad; mujeres y hombres a quienes la vida les fue arrebatada y que jamás sabremos si dichos injustos pudieron evitarse en caso de haber contado con los mecanismos y las garantías necesarias para desempeñar su labor con seguridad”.

De su lado, Uriel Carmona Gándara, fiscal del estado de Morelos, reiteró el apoyo hacia la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, para atender aquellos casos que presentan coincidencias.

Mientras que el titular de la Unidad de la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos, admitió que las agresiones contra periodistas provienen del crimen organizado y su colusión con las autoridades, así como la falta de cultura sobre la importancia que tiene la labor periodística y de las personas defensoras de los derechos humanos.

Cabe mencionar que un grupo de periodistas se manifestó en el auditorio con un listón negro en el puño izquierdo, como símbolo de los asesinatos a periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos; además, leyeron un comunicado en el que exigieron terminar con la simulación y atender estos crímenes, además de hacer justicia, reparar el daño y prevenir la violencia en contra de los comunicadores.

A nombre de las y los comunicadores que alzaron la voz a través  de Maciel Calvo, exigieron  al estado y federación, frenar la violencia y agresión hacia las y los comunicadores, “que más del 50% de las agresiones verbales y físicas a periodistas provienen de presidentes municipales, regidores, diputados, personal de comunicación social, policías y miembros de las fuerzas federales, entre otros. El resto de las agresiones provienen de particulares y, preocupantemente, de esos poderes fácticos que se han vinculado a las instituciones públicas a través de personajes corruptibles que se cobijan bajo la impunidad, por eso exigimos se respete el ejercicio periodístico y a evitar cualquier tipo de agresión”.

Es de mencionarse que los trabajos de diálogo continuarán este 25 de marzo para conocer la situación en cada entidad federativa y escuchar propuestas rumbo a la creación de un Sistema Nacional de Prevención y Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual establezca con claridad la corresponsabilidad y competencia de las instituciones del Estado mexicano en esa materia.

En el evento, participaron Carlos Brito, representante de la Secretaría de Gobernación en Morelos; Adriana Pineda Fernández, fiscal especializada en delitos de alto impacto de la Fiscalía del Estado de Morelos; Penélope Picaso Hernández, comisionada estatal de atención y reparación a víctimas del estado de Morelos; Arturo Abundes, director general del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del estado de Morelos; entre otros.

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