De la redacción.

Cuernavaca.- Por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio ilícito del servicio público, fueron vinculados a proceso tres exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable durante la administración de Graco Ramírez, incluido el ex secretario, Einar Topiltzin “N”.

En un comunicado de la Fiscalía Anticorrupción, se informó que el juez determinó que los imputados enfrenten su proceso en libertad, bajo la medida cautelar de la firma periódica.

Además de Einar Topiltzin “N”, fueron vinculados José Iván “N”, exsubsecretario de Gestión Ambiental; y Noé “N”, exdirector general de Gestión Ambiental.

Esto, porque a los tres exservidores públicos se les señala por presuntas omisiones en el mantenimiento y operación de la Planta de Valorización de Residuos Sólidos Urbanos, ubicada en el municipio de Xochitepec. Para dicha planta se destinaron recursos públicos por un monto de 39 millones 500 mil pesos; sin embargo, actualmente se encuentra fuera de operación y en estado de abandono.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la planta no recibió el mantenimiento estipulado en los programas oficiales, ni fue operada conforme a los manuales técnicos correspondientes. Se presume que el exsecretario incumplió con sus funciones de administración, dirección y supervisión de los programas estatales, incluyendo la Estrategia para la Gestión Integral de los Residuos del Estado de Morelos, lo que habría provocado el deterioro total de la planta construida en 2016.

Por su parte, el exsubsecretario habría omitido la aplicación y evaluación de los convenios relacionados con la gestión de residuos sólidos urbanos, mientras que el exdirector general no ejecutó acciones de supervisión ni coordinación para asegurar el adecuado funcionamiento de la planta.

Estas omisiones derivaron en el abandono total del proyecto al término de la administración, dejándolo inoperante y sin cumplir su propósito ambiental. Además, se identificaron deficiencias como la falta de personal capacitado, ausencia de protocolos técnicos y jurídicos, y la inexistencia de mecanismos de control, lo que provocó un daño directo al patrimonio estatal.

Adicionalmente, se detectó que no se informó al entonces Gobernador del Estado que la planta sería construida dentro de una zona de reserva natural clasificada como selva baja caducifolia, lo cual generó un impacto ambiental negativo en el ecosistema local. Tampoco se previó que la falta de operación adecuada impediría el cumplimiento de su finalidad ecológica.

El juez otorgó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.