Redacción.
Cuernavaca, Mor.- Un juez dictó vinculación a proceso en contra seis presuntos delincuentes, cinco hombres y una mujer, acusados de querer privar de su libertad al presidente de la central de abastos de Cuautla el pasado 26 de noviembre del presente año.
A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que Brenda Berenice “N”. Luis Enrique “N”, Santiago Ángel “N”, Kevin Alexis “N”, Christian Gadiel “N”, y Arturo Humerto “N”, se mantendrán en prisión preventiva por el delito de secuestro agravado, y en el caso de Santiago Kevin también enfrentarán cargos por delitos contra la salud por traer consigo más de 70 dosis de metanfetamina.
Los hechos ocurrieron el pasado 26 de noviembre de este año el referido municipio y de acuerdo a las investigaciones el organismo estableció que estos últimos mencionados llegaron a bordo de una motocicleta de la marca Honda color negro con rojo al lugar de trabajo de la víctima, ubicado al interior de la central en el poblado de Tetelcingo.
Con armas de fuego y mediante el uso de la violencia moral y física obligaron a la víctima a subir al asiento trasero de un vehículo marca Chevrolet tipo Aveo, de color blanco, conducido por Luis Enrique “N” acompañado por la femenina identificada como Brenda Berenice “N”, y en la parte posterior los indiciados Cristian Gadiel “N” y Arturo Humberto “N”, quienes en todo momento se encontraron amagando a la víctima con armas de fuego para después huir del lugar, al tiempo que le exigían a la víctima el número telefónico de algún familiar para pedir su rescate, señala el informe de la FGE.
Fue al llegar a la calle Tierra Larga de la colonia Iztaccihuatl de Cuautla que se percataron que ya eran perseguidos por oficiales municipales, con quienes iniciaron un enfrentamiento armado, logrando los policías cerrar el paso a los agresores y rescatar a la persona victima.
Los oficiales realizaron la detención de los seis antes mencionados, quienes fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Publico en turno de la Fiscalía Oriente.
Al recabarse las pruebas correspondientes se integró la carpeta de investigación y se ejerció la acción penal, lo que permitió presentarlos ante la autoridad judicial quien calificó de legal la detención, y la representación social formuló imputación en su contra.
