En opinión de Antonieta Sánchez Nere

Cuernavaca.- En los últimos meses, el Poder Judicial del Estado no fue ajeno a la confrontación que protagonizaron los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y de su posterior crisis, la cual tuvo un aparente punto final con la aprobación (en los términos deseados) del Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2024, cuyos últimos ecos se escucharon el pasado jueves 13 de junio, en la sesión ordinaria que el Pleno del Congreso llevó a cabo y en la que sus representantes aprobaron sin problemas los decretos por los que fueron designadas como nuevas magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa, la ex secretaria de Hacienda y ex jefa de la Oficina de la Gubernatura en la administración de Cuauhtémoc Blanco, Mónica Boggio, y la esposa del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea, Vanessa Carmona Viveros, quien en menos de un año pasó, primero a ser jueza de primera instancia, y ahora magistrada.

Lo anterior no tendría mayor relevancia para el ciudadano común, alejado de los tejes, manejes y enjuagues con los que los detentores del poder se conducen, arreglan diferencias y suelen llegar a los “mejores” arreglos, si no fuera porque esos acuerdos han servido muy poco para mejorar la impartición de justicia que la población reclama; todo lo contrario, no se descarta que contribuyan a que Morelos ocupe hoy uno de los últimos lugares a nivel nacional en materia de justicia y estado de derecho.

El pasado 11 de junio, la organización no gubernamental internacional World Justice Proyect presentó los resultados del Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024, en su 6ª edición, en el que a Morelos no le va nada bien.

El Índice es elaborado con base en ocho factores rectores, desagregados en más de 600 variables, que la institución no gubernamental aplica a través de una encuesta general y cuestionarios diversos a una muestra sustantiva que le permite llegar a conclusiones interesantes.

En la presentación de los resultados, la organización indicó que el estudio arrojó una tendencia general en los 32 estados del país al estancamiento en el cumplimiento del estado de derecho, luego de que ninguna entidad superó los 0.5 puntos posibles, en promedio, por la medición de cada uno los ocho factores rectores.

De forma global, los estados que obtuvieron las puntuaciones más altas fueron Querétaro (0.49) y Guanajuato y Aguascalientes (0.47); en el extremo contrario, aparecieron Estado de México y Morelos (0.35) y Quintana Roo (0.36).
La calificación para Morelos en los ocho factores rectores se ubicó obviamente por debajo de la media nacional, lo que le ameritó el sótano de la lista de 32 estados.

1 Límites al poder gubernamental: posición 22, con 0.39 puntos, la media 0.42.
2 Ausencia de corrupción: posición 32, con 0.29 puntos; la media 0.36.
3 Gobierno abierto: posición 19, con 0.45 puntos; la media 0.46 (la mejor calificación).
4 Derechos fundamentales: posición 28, 0.44; media 0.48.
5 Orden y seguridad: posición 31, 0.49; media 0.47 (Yucatán destacó con 0.78).
6 Cumplimiento regulatorio: posición 25, 0.34; media 0.37 (Querétaro, 0.48).
7 Justicia civil: posición 31, 0.31; media 0.39.
8 Justicia penal: posición 30, 0.29; media 0.36.

En las conclusiones, el Índice de Estado de Derecho en México observa que una de las tendencias generales, con retroceso de una medición a otra en 20 de 32 estados, es la ausencia de corrupción en las fuerzas de seguridad y procuración de justicia; es decir, que en lugar de mejorar, empeoramos, sin importar cuánto se haga crecer la burocracia para combatir la corrupción y cuánto dinero se destine a esto, como es el caso del Sistema Estatal Anticorrupción de Morelos (SEA).

También hace énfasis en que la justicia penal, en lugar de mejorar empeoró en 17 estados, incluido Morelos, gracias al debilitamiento del debido proceso y a la falta de la investigación de los delitos.

Este contexto se corresponde con la crisis interna que registra el TSJ, con un presidente con 18 de 21 magistrados en su contra; con el rezago de miles de asuntos, y una población sin la justicia pronta y expedita que se le promete.