Por Fernanda Contreras.

Cuernavaca, Mor.- La cancelación de expedientes realizada por el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) fue un procedimiento irregular, sin embargo, todos los casos serán retomados desde cero por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, afirmó Alejandra Pani Barragán, quien este viernes fue ratificada como titular de la nueva dependencia. La funcionaria aseguró que se garantizará un proceso transparente y conforme a la legalidad, priorizando el derecho ciudadano al acceso a la información.

Pani Barragán explicó que la incorporación del tema de transparencia al Poder Ejecutivo obliga a la nueva Secretaría a elevar los estándares en la materia. Señaló que no se trata de un simple trámite administrativo, sino de un compromiso directo con la gobernadora para abatir el rezago histórico que existe en transparencia, particularmente en los municipios, el cual no ha sido atendido de manera adecuada durante años.

Indicó que, como parte de esta nueva etapa, se implementarán plataformas digitales que permitirán mantener la información actualizada y accesible. Asimismo, adelantó que se buscará un diálogo cercano con los ayuntamientos para que la actual administración sea pionera en transparencia, al advertir que no sería congruente que Morelos aspire a coordinar esfuerzos a nivel nacional y, al mismo tiempo, sea señalado como una de las entidades con mayor opacidad.

La titular de la Secretaría precisó que el IMIPE aún se encuentra en el proceso de entrega-recepción, el cual se realiza ante la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF). Una vez concluido este procedimiento, se contará con un plazo de 60 días para llevar a cabo la transición y revisar a detalle los asuntos que arrastra el organismo, incluidos los expedientes que fueron cancelados sin consulta previa, acción que calificó como indebida.

Finalmente, Alejandra Pani subrayó que el traslado de la transparencia al Ejecutivo otorga mayor peso político y autoridad para exigir el cumplimiento de la ley. En ese sentido, advirtió que los municipios que no transparenten de manera clara y completa podrían enfrentar consecuencias, como la suspensión de transferencias de recursos, al reiterar que la transparencia no es opcional, sino una obligación que debe cumplirse cabalmente.