Por Ángel Álvarez.

Cuernavaca, Mor. – La posible revocación de más de 2 mil 800 concesiones de transporte público encendió la alerta entre el gremio transportista, que advierte un impacto social directo para cientos de familias que no han logrado reactivar sus unidades desde la pandemia, principalmente en el sector de taxis.

Dagoberto Rivera Jaimes, líder de la Federación de Transportistas, sostuvo que la falta de regularización no obedece a desinterés, sino a la escasez de recursos, ya que muchos concesionarios no cuentan con el capital necesario para adquirir o poner en operación un vehículo, requisito indispensable para mantener vigente la concesión.

El dirigente rechazó que se estigmatice al sector por solicitar un ajuste a la tarifa y recordó que los transportistas han acompañado a la población en momentos críticos, como la contingencia volcánica y la pandemia de COVID-19, manteniendo el servicio aun sin apoyos gubernamentales.

Advirtió que aplicar la medida de manera generalizada sería un error, pues detrás de muchas concesiones existen historias y contextos sociales complejos que deben ser analizados caso por caso, antes de imponer plazos que calificó como fatales.

Por ello, llamó al gobierno estatal a revisar el acuerdo publicado en el Periódico Oficial y a privilegiar el diálogo, al insistir en que la mayoría de los concesionarios no incumple por voluntad, sino por necesidad económica.

Finalmente, Rivera Jaimes precisó que el tema del 26 de diciembre aún está en revisión dentro del gremio, ya que algunos transportistas consideran que no es la fecha más conveniente; adelantó que en las próximas horas se definirá un posicionamiento para determinar si la acción se realiza ese día o se pospone para otra fecha.