El propósito de la iniciativa es modificar la citada ley para buscar una mayor participación de las mujeres en el ámbito empresarial, de manera que el Poder Ejecutivo esté obligado a que las compras públicas del mismo, deban destinarse el 50% a mujeres, específicamente a empresas donde su propietaria o representante legal sea una mujer.
Esta propuesta sería un mecanismo de empoderamiento hacia las mujeres e impulsaría una mayor participación y deseo de emprendimiento, a sabiendas de que tienen mayor posibilidad de ser elegidas como proveedoras del Poder Ejecutivo.
Expuso que históricamente las mujeres han estado en desventaja en diferentes sectores de la sociedad y en algunos de ellos es más notorio, como el caso del emprendimiento, donde las brechas persisten pese a que se han logrado avances importantes.
La legisladora de Movimiento Ciudadano destacó que en Morelos las mujeres constituyen el 51.8% de la población, Por lo que se deben hacer los cambios legales y conducentes para garantizar la inclusión económicas de las mujeres, pero sobre todo la igualdad.
Refirió que hay datos de ONU Mujeres, el Fondo de Capital de la ONU y el Banco Mundial, así como de ejercicios estadísticos de México, donde cada tres años desde el 2012, se lleva a cabo la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), en colaboración de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con el objetivo de contar con información adecuada sobre la participación de la población mexicana en el sistema financiero.
Entre otras cosas se ha señalado que, a nivel internacional, la mayoría de las personas adultas no bancarizadas son mujeres, ya que únicamente 65% de ellas tienen un producto de captación, comparado con el 75% de los hombres, lo que representa una brecha que no se ha reducido desde 2011.
