De la redacción.

Cuernavaca,Mor.- El sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del estado y de los municipios de Morelos atraviesa una etapa crítica que podría derivar en un quiebre financiero, advirtió el Morelos Rinde Cuentas. 

De mantenerse las reglas actuales, el crecimiento del gasto pensionario obligará a redirigir cada vez más recursos públicos al pago de jubilaciones, en detrimento de la operación gubernamental, la obra pública y el personal en activo, según el estudio.

El diagnóstico expone que Morelos carece de una edad mínima para jubilarse y que la autorización de pensiones recae en instancias políticas, como la Comisión de Trabajo del Congreso local y los cabildos municipales, sin la intervención de un órgano técnico que evalúe la viabilidad financiera de cada caso. 

La Ley del Servicio Civil permite el retiro por años de servicio 18 para mujeres y 20 para hombres con 50 por ciento del salario, y hasta 100 por ciento con 28 a 30 años, lo que ha propiciado jubilaciones tempranas y compromisos financieros de largo plazo sin planeación actuarial.

El impacto en las finanzas públicas ya es evidente. En 2024, el gobierno estatal destinó mil 607 millones de pesos al pago de pensiones, una cifra apenas 5.4 por ciento menor que el presupuesto asignado a obra pública. Entre 2020 y 2022, el gasto pensionario incluso superó la inversión en infraestructura. Además, el crecimiento ha sido sostenido: 18 por ciento en 2023, 11 por ciento en 2024 y 8 por ciento anual en 2021 y 2022. A nivel municipal, Cuernavaca incrementó su gasto en pensiones 45 por ciento en un solo año, mientras que el Congreso del Estado pasó de 115 a 137 millones de pesos.

De continuar esta tendencia, para 2027 el gasto en pensiones alcanzaría los dos mil 83 millones de pesos, una cifra cercana al presupuesto proyectado para el pago de sueldos del personal en activo. “El problema no es sólo cuánto se gasta, sino cómo y bajo qué reglas”, advirtió Roberto Salinas, director de Morelos Rinde Cuentas, al señalar que el diseño legal vigente coloca al sistema en una situación de alto riesgo financiero.

El análisis también documenta un sistema opaco con indicios de prácticas irregulares, como la acreditación de años de servicio mediante constancias municipales sin verificación efectiva, lo que ha permitido inflar trayectorias laborales y autorizar pensiones incluso superiores al salario de trabajadores en activo. Municipios como Puente de Ixtla, Tepalcingo, Huitzilac, Jonacatepec, Axochiapan, Coatlán del Río y Cuautla concentran una mayor recurrencia de estos casos.

De acuerdo con la información analizada también por el  Proceso, especialistas coinciden en que la ausencia de controles técnicos ha generado expedientes deficientes, criterios dispares y litigios prolongados. El abogado laboral y administrativo Juan Juárez Rivas señaló que estos vacíos derivan en amparos y resoluciones judiciales que el estado no cumple plenamente, afectando tanto a los trabajadores como a las finanzas públicas. En tanto, Oscar Cano, exdirector del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, reconoció la existencia de vicios históricos y desigualdades entre empleados con trayectorias laborales similares.

Ante este panorama, Morelos Rinde Cuentas propone reformar la legislación para crear un Instituto de Pensiones o asignar esta función al Instituto de Crédito, con un consejo técnico plural; fijar una edad mínima de jubilación de 60 años; establecer un tope de 55 mil pesos mensuales; y crear un fideicomiso de ahorro e inversión con aportaciones obligatorias.

El estudio concluye que, sin reformas legales, controles técnicos y mayor transparencia, el sistema de pensiones seguirá absorbiendo recursos destinados a servicios e infraestructura, profundizando desigualdades y comprometiendo la estabilidad financiera del estado y sus municipios.