Por Osvaldo Mendoza.
Ciudad Judicial, Atlacholoaya, Mor.- A siete años del asesinato del defensor comunitario y comunicador nahua Samir Flores Soberanes, este 16 inició el juicio contra Javier Rosendo N, el único detenido por el crimen, tras más de una decena de aplazamientos. El proceso, que se desarrollará en cuatro sesiones y concluirá el 20 de febrero —fecha en que se cumple el séptimo aniversario luctuoso—, ha estado marcado por el silencio institucional y la falta de esclarecimiento integral, según el equipo jurídico y activistas que acompañan a la familia de la víctima.
Samir Flores fue asesinado la madrugada del 20 de febrero de 2019 frente a su domicilio, cuando tres hombres lo llamaron con el pretexto de contratar un anuncio en la emisora comunitaria que fundó. De acuerdo con las investigaciones, al salir fue sometido y arrastrado hacia un punto oscuro, donde recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza. El activista se había convertido en una de las voces más visibles contra el Proyecto Integral Morelos, un megaproyecto gubernamental que contempla dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto en Tlaxcala, Puebla y Morelos.
En esta Ciudad Judicial, previo a la audiencia de juicio oral, familiares y amigos del líder campesino dieron una conferencia de prensa, en la que exigieron justicia. La indagatoria se ha limitado a los presuntos autores materiales, dejando fuera la posible autoría intelectual. “Se han centrado en investigar mucho la parte material pero no la intelectual, ¿por qué dejan esa parte fuera?”, cuestionó Liliana Velásquez, viuda del defensor, al señalar que las autoridades argumentan la ausencia de un testigo clave como obstáculo para avanzar en esa línea de investigación.
Ante el inicio del juicio, organizaciones y colectivos anunciaron una jornada de memoria y exigencia de justicia con movilizaciones previstas para el 20 de febrero en Morelos y la Ciudad de México. Para los convocantes, recordar a Samir Flores no es solo un acto conmemorativo, sino una exigencia de verdad y justicia en un caso que, advierten, sigue enviando un mensaje de intimidación contra quienes defienden el territorio y la comunicación comunitaria.
