La disputa por los límites territoriales y el acceso al agua entre los municipios de Tetela del Volcán y Alpanocan, Puebla, volvió a encender tensiones entre comunidades, luego de que representantes sociales alzaran la voz para denunciar una problemática que, aseguran, ha sido ignorada durante años por las autoridades competentes.

En un pronunciamiento, los inconformes señalaron que el origen del conflicto no es un hecho aislado, sino la ausencia de una delimitación territorial clara y definitiva, situación que ha generado incertidumbre jurídica, enfrentamientos comunitarios y afectaciones directas al acceso y control de los recursos hídricos.

Las y los afectados subrayaron que el agua se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción, al tratarse de un recurso vital cuya administración depende directamente de los límites territoriales.

Señalaron que la indefinición ha propiciado disputas constantes y un uso desigual del líquido, afectando actividades productivas y la vida cotidiana de las comunidades.

Ante este escenario, exigieron el cese inmediato del hostigamiento y la criminalización de su lucha, al considerar que la defensa del territorio y del agua constituye un derecho colectivo y no un acto ilegal.

Denunciaron que, lejos de recibir soluciones, han enfrentado presiones y acciones que buscan deslegitimar sus demandas.

Asimismo, demandaron el respeto a sus derechos colectivos, al señalar que la problemática debe ser atendida desde una perspectiva de derechos humanos y justicia territorial, reconociendo la historia, identidad y necesidades de las comunidades involucradas.

Los representantes insistieron en que mientras no exista una delimitación territorial clara, el conflicto seguirá latente, con riesgos de escalar a mayores confrontaciones sociales, por lo que urgieron a las autoridades a intervenir de manera imparcial y técnica para establecer límites definitivos que garanticen certeza jurídica.

Finalmente, hicieron un llamado a abrir canales de diálogo y a construir soluciones integrales que prioricen la paz social, la protección del agua y el respeto a los derechos humanos, advirtiendo que la omisión institucional solo profundiza una problemática que afecta directamente a las comunidades y al equilibrio territorial de la región.