En opinión de Antonieta Sánchez Nere

El proyecto de mina a cielo abierto en el sur de Morelos a cargo de la empresa Esperanza Gold podría ser cancelado definitivamente, después de años de lucha social, mediática y jurídica por parte de los inversionistas canadienses interesados en la extracción de una reserva estimada de 1.5 millones de onzas de oro y 16 millones de onzas de plata.

Este escenario lo describe una de las 18 iniciativas de reforma a la Constitución general del país, y otros ordenamientos, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, remitió al Congreso de la Unión el pasado 5 de febrero y, cuya materialización, está actualmente en discusión, durante el último periodo de sesiones de la actual legislatura.

En caso de que al cierre del periodo no haya consenso, el proyecto en materia de derecho a la alimentación, ambiente sano y derecho al agua tiene una alta probabilidad de ser retomado, y aprobado, en la siguiente legislatura, de mayoría morenista.

La iniciativa, que en apariencia no tiene nada que ver con la ley en materia minera, plantea en uno de sus tres objetivos principales, la prohibición en el país de prácticas que dañen el medio ambiente y sean un riesgo para el derecho a la agua de los ciudadanos.

La iniciativa prohibiría el otorgamiento de concesiones en zonas con baja disponibilidad de agua en cantidad y calidad y prácticas que dañan el medio ambiente y la salud de la población entre éstas, las actividades de minería a cielo abierto y de fracturamiento hidráulico; es decir el fracking, con agua como fluido base para la extracción de hidrocarburos.

Como se sabe, la compañía Alamos Gold encabeza el proyecto minero “Esperanza Gold” o “Esperanza Oro”, en el Cerro del Jumil, localizado en Tetlama, Temixco, con impacto en municipios aledaños, para la extracción no sólo de oro y plata, sino de otros minerales, como arsénico, antimonio, molibdeno y zinc.

El importante yacimiento fue descubierto en 1994 por otras empresas que después vendieron el proyecto de explotación a la firma canadiense, la cual, desde 2013 enfrentó problemas, primero porque alcanzaba terrenos de la Zona Arqueológica de Xochicalco y después porque el Congreso local aprobó el Programa de Ordenamiento Ecológico y Regional del Estado de Morelos (POEREM) en el que se determinó que “en todo el territorio del Estado de Morelos no se permite la minería metálica a tajo abierto”.

Esto obligó a la empresa a iniciar una lucha jurídica, vía el amparo y finalmente la ganó, pero las oposiciones y resistencias sociales siguieron manifestándose y, entonces, inició una campaña mediática para convencer a los morelenses de los beneficios del proyecto.

Ante la férrea oposición que presentaron ambientalistas; finalmente sigue en estado de veremos, porque de concretarse la reforma constitucional, la empresa, tendría que iniciar una nueva lucha legal o, de plano, abandonar el proyecto por el que originalmente pagó 42 millones de dólares.