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Al ser acusada por presuntas amenazas y hostigamiento contra docentes, la supervisora de la zona escolar 22 de educación elemental con sede en Ocuituco, señaló que el IEBEM ha sido omiso en la atención de su proceso, en donde ha sido removida de su lugar de trabajo sin justificación ni argumentos válidos, más que los emitidos sin pruebas por docentes, por lo que iniciará procedimientos legales.

“Las acusaciones de acoso laboral, maltrato y hostigamiento son completamente falsas y carecen de todo fundamento; tengo todas las pruebas para demostrar que a todas y cada una de las
maestras, directoras, intendentes, padres de familia y alumnos los he tratado con respeto, dignidad y educación”, señaló

Detalló que en ningún momento hubo un diálogo con las autoridades educativas en donde se le informara que existían inconformidades hacia su función como supervisora, ni por la autoridad
inmediata ni por la representación sindical.

“No se me concedió conocer las acusaciones, aún menos ser escuchada y
defenderme en un juicio justo, en las oficinas del IEBEM se me retuvo por varias horas para intimidarme y presionarme a aceptar un cambio de zona; lógicamente me negué puesto que no he cometido ninguna falta”, subrayó.

Detalló que el papel de las autoridades debería ser el de mediar, escuchando a ambas
partes, y no actuar de manera unilateral al precisar que únicamente a un grupo de trabajadores que
con pancartas, gritos e insultos llamaron la atención y dañaron su reputación.

“Es importante mencionar que la representante sindical lejos de tener una
participación imparcial alentó a las compañeras y compañeros a
desconocerme, exigiendo mi salida; a diferencia de lo que se ha afirmado, no se tienen pruebas de las
acusaciones antes mencionadas, creo que estas acusaciones son un intento deliberado y malicioso de dañar mi reputación y desviar la atención del problema principal”, apuntó.

Derivado de esta violencia laboral colectiva, señaló que han sido víctima de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, intimidación, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias, por lo que emprenderá acciones legales para que se le haga justicia y se le respeten sus derechos laborales.

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