A siete años del asesinato del activista y comunicador comunitario Samir Flores Soberanes, un juez federal resolvió absolver a Javier R. P. al concluir que la Fiscalía General de la República no logró acreditar su responsabilidad penal durante el juicio.

De acuerdo con información del medio El Guardián MX, la decisión fue emitida por el juez de juicio oral Gustavo Eduardo Alonso Ortiz, quien determinó que los elementos presentados por la Fiscalía no alcanzaron el estándar legal necesario para dictar una sentencia condenatoria.

El homicidio de Flores Soberanes ocurrió el 20 de febrero de 2019 en la comunidad de Amilcingo en el municipio de Temoac, donde el defensor del territorio fue asesinado frente a su vivienda.

El activista era ampliamente conocido por su participación en la defensa comunitaria y por su labor en medios de comunicación locales, además de manifestar una postura crítica frente a proyectos energéticos impulsados en la región.

Durante el desarrollo del juicio oral, la Fiscalía presentó distintos elementos probatorios para sustentar la acusación contra el imputado. No obstante, el tribunal concluyó que dichos elementos no fueron suficientes para acreditar su participación en el crimen.

Entre las pruebas analizadas, dos testimonios considerados fundamentales por la acusación no lograron sostenerse con otros medios de prueba, lo que debilitó la teoría del caso presentada por el Ministerio Público.

El juez señaló que esas declaraciones requerían respaldo adicional para consolidar la imputación, situación que no ocurrió durante el proceso judicial.

Ante esta situación, el tribunal resolvió dictar un fallo absolutorio a favor del acusado.
Durante la audiencia, el asesor jurídico de la familia de la víctima solicitó que se dé vista a las autoridades correspondientes para investigar la actuación de servidores públicos, al considerar que la investigación ministerial presentó irregularidades en la integración de la carpeta.

Según lo expuesto, dichas deficiencias habrían influido en la solidez de la acusación presentada por la Fiscalía durante el juicio.

Hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha informado públicamente si se abrirán investigaciones internas relacionadas con el manejo de la indagatoria.

La sentencia absolutoria no significa que el crimen haya sido esclarecido, sino que el acusado juzgado en este proceso no pudo ser declarado culpable con las pruebas presentadas.

El caso continúa siendo una de las investigaciones más sensibles relacionadas con agresiones contra activistas en la entidad, mientras familiares y organizaciones mantienen la exigencia de justicia.