Iván Téllez.
Cuernavaca, Mor. – La tipificación de los crímenes de odio contra integrantes de la comunidad LGBT, con penas de hasta 70 años de prisión, fue publicada el pasado miércoles 23 de septiembre en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, con lo que la reforma al Código Penal de Morelos avanza a su entrada en vigor.
La reforma establece un marco penal específico para sancionar conductas delictivas motivadas por prejuicios relacionados con la orientación sexual, identidad o expresión de género y otras condiciones de discriminación. El Congreso aprobó la iniciativa en segunda lectura y posteriormente quedó pendiente su publicación oficial para que pudiera continuar el proceso de entrada en vigor.
La publicación ocurre después de que integrantes de la comunidad LGBT reclamaran públicamente la demora del decreto. En agosto, la activista Agatha Toro señaló a Punto Por Punto TV que mientras la reforma permaneciera sin publicarse, las autoridades no contarían plenamente con las nuevas herramientas jurídicas para atender y sancionar este tipo de violencia.
El proceso legislativo también contempla el reconocimiento penal de los transfeminicidios, como parte de las modificaciones impulsadas para fortalecer la protección de las personas de la diversidad sexual frente a delitos relacionados con su identidad o expresión de género. Morelos se incorporaría así al grupo de entidades que cuentan con disposiciones específicas para sancionar este tipo de conductas.
La discusión sobre esta reforma se desarrolló en un contexto de reclamos de colectivos LGBT por violencia, discriminación y falta de registros oficiales desagregados. En agosto, el activista Isidro Añorve señaló que organizaciones ciudadanas contabilizaban entre seis y ocho crímenes de odio contra integrantes de la comunidad LGBTIQ+ durante 2026 y que la publicación de la reforma permitiría a la Fiscalía generar estadísticas oficiales sobre estos casos.
Con la publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, concluye la etapa que durante semanas mantuvo pendiente la entrada en vigor de la reforma, aunque su aplicación dependerá ahora de que las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia conozcan las nuevas disposiciones y las incorporen a la investigación y atención de los casos relacionados con violencia por orientación sexual, identidad o expresión de género.
