El Congreso de Morelos aprobó un punto de acuerdo para revisar y eliminar requisitos que puedan condicionar, limitar o excluir a personas con discapacidad y adultos mayores del acceso a servicios de salud, apoyos para la movilidad, ayudas técnicas y aparatos ortopédicos.
La propuesta fue presentada por el diputado Alberto Sánchez Ortega durante una sesión ordinaria y está dirigida al Poder Ejecutivo estatal, las secretarías de Salud y Bienestar, Servicios de Salud, la Unidad de Beneficencia Pública Estatal, el Sistema DIF Morelos y los 36 sistemas DIF municipales.
El legislador señaló que persisten quejas relacionadas con barreras administrativas y cobros considerados desproporcionados en instituciones de asistencia social, situaciones que, afirmó, pueden afectar directamente a personas con discapacidad y adultos mayores que requieren este tipo de apoyos.
Como presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, Sánchez Ortega sostuvo que establecer límites de edad, condicionar los apoyos a determinados diagnósticos o imponer trámites y cargas económicas excesivas puede contravenir los principios de igualdad y no discriminación.
Durante su intervención, hizo referencia a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionados con el acceso a apoyos funcionales y servicios de salud. Entre ellos, mencionó la prohibición de negar determinados apoyos por diagnósticos crónicos y de establecer límites máximos de edad en programas de rehabilitación e insumos de salud.
El punto de acuerdo plantea revisar y, en su caso, modificar reglamentos, lineamientos, criterios de elegibilidad y reglas de operación para eliminar requisitos, procedimientos o cuotas que condicionen el acceso a estos servicios por motivos de edad o condición de salud.
Al Salón de Plenos acudieron integrantes de organizaciones civiles y colectivos relacionados con los derechos de las personas con discapacidad, familias de personas con trisomía 21, inclusión y diversidad, así como productores y artesanos.
Sánchez Ortega afirmó que el acceso a la salud y la inclusión deben ser garantizados como derechos y no considerados como beneficios sujetos a decisiones administrativas.
