El proceso electoral de 2027 estará marcado por una baja participación ciudadana y el riesgo de utilización de programas sociales con fines político-electorales, consideró Francisco Alvarado Linares, abogado especialista en temas político-electorales.

El especialista señaló que uno de los principales cuestionamientos rumbo a los comicios será el posible uso de recursos públicos para influir en el voto, particularmente entre sectores de la población que reciben becas, pensiones u otros apoyos gubernamentales.

Estimó que, al tratarse de una elección intermedia y no de un proceso concurrente con una elección presidencial, la participación podría disminuir considerablemente. Recordó que en el proceso anterior la participación superó el 60 por ciento, mientras que para 2027 prevé que podría ubicarse alrededor del 30 por ciento del padrón electoral.

“Se lucha por el poder y se lucha por conservarlo”, afirmó al advertir que otro de los retos será garantizar la imparcialidad de las instituciones encargadas de organizar y vigilar los comicios.

En este sentido, cuestionó el papel que tendrá el Instituto Nacional Electoral (INE) como árbitro del proceso y expresó preocupación por la posibilidad de que prácticas como la compra o coacción del voto no sean sancionadas de manera efectiva.

También señaló que actualmente existen actividades que, desde su perspectiva, podrían constituir actos anticipados de campaña.

Explicó que algunos actores vinculados con el partido en el gobierno realizan actividades bajo denominaciones como “defensores de la soberanía”, aunque consideró que, en los hechos, podrían representar actos de promoción política.

El abogado sostuvo que la apertura de procesos internos partidistas tampoco necesariamente elimina el riesgo de proselitismo anticipado, debido a que estas actividades son difundidas públicamente y pueden alcanzar a la población en general.

De acuerdo con el calendario electoral, la jornada para la elección federal de 2027 está prevista para el 6 de junio de 2027, por lo que los partidos políticos y las autoridades electorales deberán atender desde ahora los mecanismos de vigilancia y fiscalización para garantizar condiciones de equidad durante el proceso.