El especialista en derecho político electoral, Francisco Alvarado Lunares, señaló que la revocación de mandato prevista para el actual gobierno federal debió realizarse durante la primera mitad del periodo presidencial, como lo establece la Constitución, por lo que consideró que el proceso tendría que haberse llevado a cabo desde enero.

Explicó que uno de los objetivos originales de la legislación era evitar que distintos procesos electorales coincidieran en fechas, con el fin de no saturar la participación ciudadana ni generar confusión entre el electorado. Sin embargo, indicó que todo apunta a que la elección judicial y la revocación de mandato terminarán realizándose de manera simultánea.

Comentó que este posible empalme obedecería también a la intención de incrementar la participación ciudadana, luego de que en el ejercicio anterior de revocación de mandato únicamente se registró alrededor de un 12 por ciento de participación electoral.

Recordó que el padrón electoral en México ronda los 100 millones de ciudadanos, por lo que consideró insuficiente que solo hayan participado cerca de 12 millones de personas en el pasado ejercicio democrático, situación que calificó como un resultado poco favorable.

Asimismo, mencionó que entre las propuestas para la próxima elección judicial se contempla reducir el número de nombres en las boletas, dejando únicamente cuatro opciones visibles para los votantes.

El resto de las candidaturas, explicó, serían definidas nuevamente mediante procesos de insaculación o sorteo.

El especialista cuestionó la efectividad de este esquema y sostuvo que, pese a los cambios planteados, el sistema continuará funcionando de manera similar a como opera actualmente.

También hizo referencia a figuras como el Tribunal de Disciplina y la Escuela Judicial, organismos que forman parte de la discusión en torno a la reforma judicial y los nuevos mecanismos de selección.