En Cuernavaca, durante la presentación de la agenda de Derechos Humanos 2025-2028 y ante las irregularidades que persisten en los procesos de búsqueda, exhumación e identificación de personas desaparecidas en Morelos, la activista Amalia Hernández solicitó nuevamente la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La petición fue planteada al representante de la ONU en México, Humberto Henderson, a quien la activista buscó por segunda ocasión para solicitar un pronunciamiento y la participación del organismo internacional en los casos relacionados con las fosas de Tetelcingo y Jojutla.

La activista recordó que desde octubre del año pasado expuso estas anomalías durante una visita del representante de la ONU a la comunidad de Anenecuilco, en el municipio de Ayala; sin embargo, aseguró que las fallas señaladas no han sido corregidas, lo que ha provocado una constante revictimización de las familias de personas desaparecidas.

Indicó que, aunque se solicitó a las autoridades un informe sobre los avances en estos casos, se desconoce si dicho documento fue entregado, mientras que las deficiencias en los procesos continúan afectando a las víctimas y retrasando el acceso a la verdad.

Señaló que recientemente se sostuvo una reunión con la Fiscalía del estado, donde se informó sobre el reinicio de las exhumaciones en las fosas de Jojutla; no obstante, enfatizó que la principal exigencia de los colectivos no es solo la recuperación de cuerpos, sino su identificación plena para que puedan ser entregados de manera digna a sus familias.

Advirtió que realizar exhumaciones sin un plan claro de identificación podría representar una nueva forma de desaparición, al no garantizar certeza jurídica ni justicia para las víctimas.

De acuerdo con la Fiscalía, los trabajos comenzarían el 16 de marzo con el retiro de la barda del panteón Pedro Amaro de Jojutla, mientras que las exhumaciones iniciarían el 20 de marzo y se prolongarían por alrededor de cuatro semanas, con el objetivo de recuperar restos que no pudieron ser extraídos anteriormente debido a las lluvias.

Finalmente, hizo un llamado al fiscal estatal para reforzar el trabajo pericial y utilizar la información ya existente en los archivos oficiales sobre la ubicación y dimensiones de las fosas, con el fin de evitar improvisaciones y garantizar verdad, justicia y respeto a los derechos humanos de las familias afectadas.