Por la redacción.
Ante el elevado número de controversias constitucionales promovidas por el Poder Judicial de Morelos contra decretos de jubilación de sus propios trabajadores, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz pidió revisar a fondo este problema que afecta directamente a cientos de familias en la entidad.
La presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso local señaló que, más allá de la carga de trabajo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo verdaderamente grave es que más de 500 personas jubiladas han dejado de percibir su pensión, pese a contar con decretos ya publicados, lo que genera una afectación económica directa a sus hogares.
La legisladora explicó que desde 2016 se ha vuelto una práctica recurrente que, tras emitirse un decreto de jubilación, el Tribunal Superior de Justicia interponga de manera automática controversias constitucionales y suspenda el pago de las pensiones, vulnerando un derecho laboral fundamental de las y los trabajadores del Poder Judicial.
Detalló que actualmente la Comisión del Trabajo tiene registro de 247 controversias, de las cuales 127 ya fueron dictaminadas y 107 publicadas en el Periódico Oficial Tierra y Libertad; además, se prevé el análisis de 23 casos adicionales, mientras que 66 permanecen pendientes, con base en información de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Rodríguez Ruiz expresó su confianza en que, con el nuevo Órgano de Administración del Poder Judicial, se abra una etapa de diálogo para atender el fondo del problema, sustentada en transparencia y estudios actuariales que permitan garantizar la viabilidad del pago de pensiones presentes y futuras.
Finalmente, aclaró que no existe hasta ahora una propuesta formal para crear un Instituto de Pensiones en Morelos y reiteró que, mientras no haya reformas de fondo a la Ley del Servicio Civil, el Congreso seguirá emitiendo decretos de jubilación, al tratarse de un derecho adquirido por las y los trabajadores que cumplen con los requisitos legales.
