De la redacción.

Cuernavaca, Mor.- El gobierno del estado de Morelos implementó nuevas acciones para garantizar condiciones de trabajo digno a las personas privadas de su libertad, tras presentar un diagnóstico laboral penitenciario que permitirá fortalecer la capacitación y avanzar en la reinserción social. La estrategia fue anunciada durante la primera sesión ordinaria 2025 del Comité Estatal de Fomento Laboral Penitenciario, encabezada por la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT).

En representación del titular de la SDEyT, Víctor Sánchez Trujillo, la subsecretaria del Trabajo y Previsión Social, Ana Samantha Davis Sánchez, presentó el análisis que expone la situación laboral en los centros penitenciarios del estado, con el objetivo de impulsar políticas públicas que garanticen empleo digno, sostenible y con enfoque de derechos humanos para esta población.

El diagnóstico permitirá identificar necesidades concretas de capacitación, productividad y desarrollo de habilidades laborales, alineadas con estándares nacionales e internacionales. De acuerdo con las autoridades, esta herramienta será fundamental para diseñar acciones que promuevan oportunidades reales de trabajo, reduzcan la reincidencia y fortalezcan el proceso de integración social una vez que las personas recobren su libertad.

“El derecho al trabajo penitenciario es fundamental para la reinserción social. Impulsar empleo decente significa brindar seguridad, ingresos justos y protección social”, expresó Davis Sánchez al resaltar la importancia de construir un entorno más humano y justo para quienes se encuentran en reclusión.

Como parte de los acuerdos, las y los integrantes del Comité instalarán mesas interinstitucionales para coordinar acciones que refuercen la capacitación y el desarrollo productivo en los centros penitenciarios. En la sesión participaron dependencias estatales como la SSPC, Bienestar, Cultura, Educación, Salud, Hacienda, la Secretaría de las Mujeres, el SEDIF y el Icatmor, consolidando una ruta integral hacia una política penitenciaria más incluyente y orientada al bienestar social.