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Con el compromiso de impulsar prácticas que garanticen un acceso a la justicia más digno, oportuno y eficaz, concluyó el XXV Congreso Nacional de Defensorías Públicas Estatales, celebrado recientemente en Morelos y considerado uno de los encuentros más relevantes para el fortalecimiento institucional en el país.

Durante el congreso, defensoras y defensores públicos, académicos y profesionales del derecho compartieron análisis y propuestas sobre los desafíos actuales en materia de defensa penal, asesoría jurídica y políticas públicas orientadas a mejorar la atención a la ciudadanía. Las ponencias abordaron también la importancia de consolidar modelos de defensoría más cercanos a las personas y con estándares profesionales más elevados.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la discusión sobre innovación en servicios jurídicos, actualización de marcos normativos y la necesidad de garantizar capacitación constante para quienes integran las instituciones dedicadas a la defensa. Además, se subrayó la relevancia de brindar atención integral a personas en situación de vulnerabilidad.

Everest Alejandra López Romero, titular del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, destacó que este congreso se ha consolidado como un espacio de diálogo y colaboración interinstitucional que impulsa mejoras continuas en el servicio público de defensa. Recalcó que permitir a Morelos fungir como sede refleja el compromiso estatal con la justicia social y el fortalecimiento institucional.

Los asistentes coincidieron en que el intercambio de experiencias entre especialistas permite construir rutas más claras para una defensoría pública moderna, profesional y con mayores herramientas para garantizar que todas las personas tengan acceso real y efectivo a la justicia.

Entre los ponentes que participaron se encuentran: Miguel Sarre Iguíniz, César Ricardo García Bravo, Jorge Ordoñez Escobar, Marco Antonio Tafolla Soriano, Carla Pratt Corzo, Eduardo Alberto Osorio Rosado, José Luis Vega Roche, Sandra Gaeta Miranda, Rubén Alberto Basurto Ramírez y Leonel Díaz Grajales, quienes aportaron reflexiones clave para avanzar hacia un sistema jurídico más justo e inclusivo.

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