La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de reconocer por primera vez a la comunidad indígena de Tetelcingo como “tercera interesada” en la controversia presentada por el municipio de Cuautla reactivó el debate sobre la creación de nuevos municipios indígenas en Morelos. La resolución fue interpretada por autoridades comunitarias como un paso decisivo en su búsqueda de autonomía histórica.
Tras el pronunciamiento de la Corte, Liliana Chimal Ramos, delegada política de Tetelcingo, llamó públicamente al Congreso del Estado a retomar el tema y emitir un nuevo decreto que formalice la erección del que sería el cuarto municipio indígena de Morelos y el número 37 a nivel estatal.
Afirmó que existe un mandato social dentro de la comunidad que no puede seguir postergándose.
Aseguró que el Poder Legislativo “debe dejar de ser omiso” y avanzar en la elaboración de la iniciativa correspondiente, así como en la publicación oficial del decreto.
Asimismo, detalló que desde 2022, la comunidad ha promovido distintas acciones legales para demostrar su capacidad de autogobierno, entre ellas la difusión de documentos comunitarios, estadísticas internas y acuerdos de organización que han circulado ampliamente en redes sociales locales.
En este tenor, precisó que tanto las autoridades tradicionales, así como los comités ciudadanos, han insistido en que Tetelcingo cumple con los elementos culturales, territoriales y administrativos necesarios para conformarse como municipio indígena, tal y como ha pasado con los minicipios de Coatetelco, Xoxocotla y Hueyapan.
Además, indicó que la municipalización permitiría atender con mayor eficacia problemáticas como servicios públicos, preservación cultural y decisiones presupuestales, mismas que actualmente dependen de una estructura administrativa que prioriza a otras comunidades de Cuautla.
Mientras el Congreso analiza los pasos a seguir, la comunidad mantiene su organización interna y ha anunciado que continuará realizando asambleas, foros informativos y acciones legales para sostener su demanda de reconocimiento oficial.
