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Tlaquiltenango, Mor., a 07 de febrero de 2023.-  A pesar de que el artículo 70 de la Ley Agraria señala que la explotación y administración de toda parcela escolar estará a cargo de un comité integrado por el director de la escuela, como presidente, un secretario a cargo del representante de padres de familia y un tesorero cuya responsabilidad recae en el comisariado ejidal, en el caso de Tlaquiltenango, su titular, Juan Carlos Leyva, dijo desconocer los montos y destino de los recursos que generan las seis tierras de cultivo adscritas a este núcleo escolar, puesto que solo se acude a él para recabar su firma sin recibir cuentas de las operaciones que se hacen con esos recursos.

Las escuelas que cuentan con parcelas ejidales son; Miguel Salinas, Celerino Manzanares, Plan de Ayala, Gabriel Tepepa, Jardín de Niños Luz María Serradell y la ubicada en la comunidad de Las Carpas, sin embargo, esta última no está registrada en el ejido porque no funciona como tal, sino que el espacio se utilizó para la construcción del plantel.

Juan Carlos Leyva, informó que de acuerdo con su experiencia el monto que recaban dichas parcelas varía entre 60 y 120 mil pesos anuales de acuerdo a la productividad de las mismas, poniendo como ejemplo que las que pertenecen a las primarias Miguel Salinas y Celerino Manzanares  ubicadas en los  campos, El Chilar y  en el llano, respectivamente, son las de mayor productividad y por tanto obtienen entre 100 mil y 120 mil pesos anuales por concepto de liquidación, en cambio las restantes reciben entre 60 y 70 mil pesos, descartando la de las Carpas, debido a que no se utiliza para siembra.

El comisariado apuntó que buscará el diálogo con los directores de estas escuelas para pedirles transparentar el uso de los recursos, de lo contrario podría negarse a firmar los documentos donde aparece como tesorero puesto que desconoce el manejo de los recursos y es una responsabilidad firmar bajo estas circunstancias.

Cabe destacar que estas instituciones educativas fueron beneficiadas con esta iniciativa propuesta por el entonces presidente de México Lázaro Cárdenas del Río, a través del Código Agrario de 1940.

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