De la redacción.
Cuernavaca.- Familiares de personas privadas de su libertad que en 2024 fueron trasladados a otros penales del país, piden a las autoridades que cumplan con la resolución de un juez para regresar a Morelos a 130 presos, de 182 que sufrieron ese proceso.
Este martes, un grupo de personas afectadas por esta situación acudieron a Palacio de Gobierno para solicitar apoyo para que se cumpla con el ordemiento de la autoridad judicial.
“Se hicieron audiencias porque el juez determinó que los traslados fueron ilegales y ya se venció el plazo para que ellos sean devueltos y no tenemos respuesta de ninguna persona”, indicó una de las familiares quien decidió guardar su identidad.
Los presos fueron llevados a cárceles de Guanajuato, Michoacán, Sinaloa y Durango, durante la administración del gobierno de Cuahtémoc Blanco Bravo, en marzo del 2024 para ser más específicos.
Los familiares acusan que por falta de recursos no han podido acudir a verlos y solo se comunican un día a la semana vía telefónica por 10 minutos.
No les dan atención medica e incluso se reportó el deceso de uno de los trasladados a Sinaloa, en un aparente suicidio.
“Si aquí en Atlacholoaya nos costaba trabajo verlos por la economía imagínense a las personas que están en Guanajuato, Durango, Michoacán, el mío está en Sinaloa, imagínense el costo del pasaje para ir allá”, agregó.
En su momento, el traslado no fue observado por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos y el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia, indicó que hubo errores en el proceso con su antecesor José Antonio Ortiz Guarneros.
